A un mes de haber presentado un proyecto de ley para intervenir la provincia de Jujuy, el bloque de diputados del FpV-PJ insistió con su pedido y reclamó al Gobierno nacional la medida “con el fin de que se restablezcan el orden institucional y las garantías del debido proceso”. Asimismo, exigieron nuevamente la “inmediata liberación” de Milagro Sala, la dirigente social que se encuentra detenida desde el 16 de enero de 2016.

“Pasó un año desde la detención de Milagro Sala, y el gobierno sigue haciendo caso omiso a la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las ONG's Amnistía Internacional y Human Rights Watch, el secretario general de la OEA, Luis Almagro; el premier canadiense Justin Trudeau. Todos ellos coinciden en que la detención de Sala es arbitraria y exigen su inmediata liberación”, comenzaron en un comunicado.

Para los legisladores del bloque comandado por Héctor Recalde, en la provincia del norte argentino “no paran de acumularse las pruebas de que no existen hoy ni el respeto por los Derechos Humanos, ni la división de poderes, ni las garantías del debido proceso”.

En la misiva, recordaron “la cobarde agresión que sufrió la compañera Mayra Mendoza a manos de la policía de Gerardo Morales”, cuando fue golpeada en la puerta de los tribunales donde era juzgada Sala; y “el asesinato del sobrino de uno de los presos políticos vinculados a la Tupac Amaru, que el Servicio Penitenciario intentó presentar como un suicidio”.

Y continuaron: “Y ahora, la cadena de correos electrónicos –revelada el domingo por el periodista Horacio Verbitsky- entre el abogado apoderado de Morales, Federico Wagner; el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara De Langhe de Falcone; y el representante de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Leandro Despouy; en la que buscan coordinar una estrategia que “justifique el mantenimiento de la prisión preventiva” de Milagro Sala ante la inminente visita de una delegación de la CIDH”.

“Una muestra más de que en Jujuy la Justicia no es imparcial ni independiente, sino que constituye un mero apéndice del Ejecutivo”, completaron.

Por último, mencionaron lo planteado por el exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni y manifestaron que “el remedio jurídico para el mal que asola Jujuy es la intervención federal de la provincia, como ya planteamos en el Parlamento y como establece nuestra Constitución Nacional cuando no se garantiza la administración de justicia”.