El Poder Ejecutivo se dispone a publicar este lunes tres nuevos decretos de necesidad y urgencia. Uno, tal cual adelantamos, es una modificación de la Ley de ART; otro sobre el régimen de feriados, y un tercero para cederle al Ministerio de Desarrollo Social 4700 contenedores para repartir mercadería incautada. Las firmas de Mauricio Macri ya fueron estampadas el viernes y este lunes serán publicados en el Boletín Oficial para su inmediata entrada en vigencia.

Pero esa medida no será aceptada así como así por la oposición. Muy por el contrario, el bloque kirchnerista anticipó su rechazo el viernes pasado hacia el decreto para modificar la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales por considerarlo “anticonstitucional, ilegal y perjudicial para los derechos e intereses de los trabajadores”. El bloque del FpV-PJ que conduce Héctor Recalde expresó que la Constitución Nacional le prohíbe al presidente atribuirse facultades inherentes al Congreso. “El bloque va a ser más claro: no puede por decreto modificar una ley y además está impedido de legislar porque es el presidente de la Nación, es decir cabeza del Poder Ejecutivo. Nos da la sensación de que hubo una reforma constitucional autoritaria y no nos enteramos”, sostuvo.

En rigor, ese proyecto está en el Congreso y recibió media sanción del Senado el 21 de diciembre pasado. La iniciativa esperaba su tratamiento en Diputados, y desde la CGT ya habían anticipado el reclamo de nuevas modificaciones al texto, pese a que previo a su tratamiento en el recinto de la Cámara alta, la central obrera había negociado con el Gobierno cambios en la propuesta original. Por eso el PEN decidió apurar las cosas a través de un DNU en el que varía respecto de la media sanción el punto sobre la financiación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Con la medida, el Gobierno busca reducir la litigiosidad. A través de la norma, los trabajadores estarán obligados a pasar por una comisión médica antes de recurrir a la vía judicial. También, se propone la creación del Autoseguro Público Provincial para incluir a los empleados públicos provinciales y municipales dentro de las coberturas de ART.

En el texto del decreto se establece que la superintendencia de Riesgos del Trabajo remitirá dentro de los próximos tres meses un proyecto de ley de protección y prevención laboral, algo reclamado por la CGT durante los debates en comisión.

La premura por aprobar la ley tiene que ver con la finalización de la feria judicial, por las demandas que esperan entrar en vigencia a partir de entonces.

Ante esto, la oposición ha anticipado que convocará para el 2 de febrero a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para revisar y eventualmente rechazar los últimos decretos anunciados. El titular de la misma, el camporista Marcos Cleri, anticipó esa decisión, que no solo es compartida por el massismo, sino que allí también redoblan la apuesta: reclamarán que ante la andanada de decretos se adelante la convocatoria de la bicameral a esta misma semana.

Integrante de esa comisión por parte del Frente Renovador, Raúl Pérez advirtió contra “un abuso” de parte del Poder Ejecutivo en ese sentido. Señaló a La Nación que “el Congreso funcionó normalmente, la oposición cooperó en la sanción de las leyes que pidió el Gobierno y no veo la urgencia en algunos de los decretos del Presidente”.

En el mismo sentido se pronunció la semana pasada Graciela Camaño. Entrevistada por el diario Clarín, la diputada consideró que la “estrategia” del Gobierno “es cerrar el Congreso y sacar DNU”. “Hasta que un día nos pongamos todos locos y hagamos una sesión especial para bajarlos”, advirtió, anticipando que Cambiemos “no tienen voluntad de resolver los temas legislativos sino de especular”.

Los otros decretos que publicará el Ejecutivo tienen que ver con feriado y Desarrollo Social. En el primero de los casos, se trata de la iniciativa que planteaba la eliminación de los feriados puente. El Gobierno había incluido la cuestión en el temario de extraordinarias, pero finalmente no lo incluyó en las sesiones. Según prevé el PEN, los días no laborables serán 16, y se eliminan los feriados turísticos que estuvieron vigentes hasta el último año. Se argumenta la necesidad de cumplir con los 180 días de clases previstos por la ley, y la convicción de que los feriados puente no generaron las consecuencias esperadas en el sector turístico y que perjudican a otros sectores. Según el proyecto oficial, se establece que “los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los martes y miércoles serán trasladados al lunes anterior. Los que coincidan con los jueves y viernes serán trasladados al lunes siguiente”.

Las fechas exceptuadas son el Viernes Santo (14 de abril), el 1° y el 25 de Mayo, el 9 de Julio, el 8 y 25 de diciembre, y el 1° de enero.

Por último está el decreto que le transfiere al Ministerio de Desarrollo Social 4.700 containers que están incautados o sin reclamar en la Aduana, con lo cual se pretende que ese material que incluye ropa, comida y juguetes, se reparta entre sectores vulnerables y zonas de catástrofe.

La medida genera rechazos dentro del propio Cambiemos, donde el viernes pasado se elevó la voz del diputado nacional Ricardo Alfonsín, quien advirtió que “si es efectivamente así, estaríamos frente a un acto claramente contrario al principio republicano de la división de poderes”.

“No se dan las circunstancias graves y excepcionales que habilitan al Ejecutivo a realizar actos que son competencia exclusiva del Congreso”, aclaró el legislador oficialista al plantear su disidencia respecto de las intenciones oficiales. Alfonsín señaló que “por actos como estos, cuestionábamos severamente a la anterior gestión. Reparar el daño que había sufrido la República, fue la razón de ser de Cambiemos”. Y advirtió que “nuevamente han asesorado mal al presidente. Espero que mi partido se manifieste y se pueda rectificar el error”.

La de Alfonsín no es la única voz en ese sentido, pues voces de peso en ese sector advierten que determinados decretos podrían terminar siendo rechazados por el Congreso, sentando una situación sin precedentes. Pasa que los proyectos deben ser tratados en el seno de la comisión bicameral que preside Marcos Cleri, donde ya se ha rechazado recientemente el que eliminó el sistema de reembolsos para puertos patagónicos, pero como otros dos que también fueron rechazados más allá en el tiempo no llegaron al recinto. Si ambas cámaras coincidieran en el rechazo, el decreto en cuestión se caería. Y madura en la oposición la intención de convocar a una sesión especial para ello. A partir de marzo podría plantearse esa amenaza.