Como advertían los medios de comunicación, la semana comenzó con la publicación de tres DNU por parte del Presidente de la Nación, quien decidió obviar las vías normales para la sanción de las leyes y prescindir de la voluntad del Congreso de la Nación. Es así como se ha avanzado con decretos relativos a la modificación del calendario de feriados y días no laborables y el régimen de riesgos de trabajo, iniciativas que aún poseen estado parlamentario y que se encuentran en debate.

En lo que al calendario de feriados respecta, debo mencionar que hacia fines de noviembre del año pasado, cuando el período ordinario de sesiones estaba próximo a finalizar, veíamos con preocupación el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación mediante el cual se proponía una modificación al régimen de feriados nacionales y días no laborables instituido por el decreto 1584/10. En aquel momento, la iniciativa destacaba que ese instrumento no había sido positivo debido a que “había impactado negativamente en la actividad productiva del país y en la educación, y que los resultados esperados no fueron logrados ya que los viajes por turismo no se habían visto incrementados desde su dictado”, afirmaciones que rápidamente fueron cuestionadas y desmentidas por todo el sector turístico que en los últimos años había visto crecer su actividad de manera significativa en comparación con periodos anteriores.

Aquella preocupación se vio acrecentada días más tarde cuando se publicó en el Boletín Oficial un Decreto incluyendo dicha iniciativa en el periodo extraordinario de sesiones convocado por el Presidente de la Nación, cuyo debate se pospuso por parte de la Cámara de Diputados para el periodo parlamentario subsiguiente en virtud del tratamiento de otros proyectos (también de origen del Poder Ejecutivo) que en aquel momento resultaban impostergables.

Finalmente hemos tomado conocimiento que el Presidente ha decidido instituir por Decreto de Necesidad y Urgencia la modificación del calendario de feriados y días no laborables anteriormente propuesta que tiene por objeto eliminar los dos feriados con fines turísticos (feriados puente) y aumentar la cantidad de feriados “movibles”, obviando la discusión en el ámbito del Congreso.

En este punto resulta alarmante que una decisión que afecta regresivamente a las economías provinciales se tome por decreto de manera unilateral, desestimando la construcción de los consensos necesarios que sólo pueden darse en el ámbito del Congreso de la Nación y que además ignora el afianzamiento del turismo en los últimos años como una de las actividades económicas, sociales y culturales más significativas para muchas provincias argentinas, y en particular para Entre Ríos, dinamizando la generación de empleo y la economía local.

No sólo quienes vivimos en provincias del interior podemos afirmar lo contrario a lo manifestado públicamente por el gobierno nacional por ser testigos de la dinamización de las economías regionales, la generación de nuevos empleos o el aumento del consumo, sino también por el surgimiento de nuevos atractivos naturales y culturales en zonas del país que no constituían destinos tradicionales para los argentinos que deciden vacacionar.

Desde las provincias del interior, donde la actividad turística es clave para el desarrollo de muchas localidades, la iniciativa del ejecutivo resulta perjudicial, al igual que la urgencia de instaurar un nuevo régimen de feriados mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, en particular ante medidas que afecten los intereses provinciales.

Es en ese sentido que debe darse intervención al Congreso de la Nación, ámbito propicio para que sean oídas las voces de todos aquellos actores vinculados directa o indirectamente al sector afectado y para que los representantes de cada provincia puedan debatir en función de las necesidades de sus comunidades.

Cabe resaltar, que en el decreto presentado por el oficialismo también se señala la necesidad de terminar con el supuesto impacto negativo que este régimen de feriados con fines turísticos causa a la actividad productiva del país y a la educación, cuando sus principales causantes son seguramente otras, vinculadas a las políticas de recorte presupuestario y ajuste que el gobierno ha llevado a cabo.

No puede dejar de mencionarse además, las inclemencias climáticas que han golpeado tan duramente a las distintas regiones de nuestro país en los últimos tiempos, constituyendo un factor extraordinario para la baja de actividad de ciertos centros turísticos, cuestión que debería ser mirada con atención.

Es en este sentido que, resulta inapropiado el dictado de un DNU en este tema, el cual debería ser discutido y debatido en el Congreso de la Nación, con una mirada integral y prudente.

Es cuestionable e inoportuno apartarse de los mecanismos tradicionales para tomar una decisión que afectará a las economías regionales y al crecimiento de miles de familias que a través de sus emprendimientos turísticos han podido beneficiarse y experimentar el bienestar de sus localidades.

Según la publicación del Boletín Oficial, la actual gestión también emitió un decreto que modifica el régimen de ART. Llama poderosamente la atención que el tema, oportunamente tratado y aprobado en el Senado, sea “resuelto” vía decreto. No resultan suficientes las razones esgrimidas para dejar de lado el tratamiento en el Congreso.

Esta cuestión sólo nos alerta sobre cuál será el destino de otras iniciativas legislativas y su correspondiente tratamiento en el ámbito del Congreso, y que ocurrirá con los Decretos de Necesidad y Urgencia en un año electoral.