Las declaraciones del funcionario nacional Juan José Gómez Centurión, a cargo de la Dirección de la Aduana, en relación a que durante el último proceso militar en la Argentina no existió un plan sistemático de desaparición de personas es una provocación no solo a las víctimas y familiares de los desaparecidos y torturados durante aquellos años sino además un intento por negar hechos objetivos que forman parte del pasado más nefasto de nuestra historia reciente.

El funcionario y ex carapintada que se alzó en armas en 1987 junto a Aldo Rico para desestabilizar al gobierno democrático de Alfonsín manifestó en un programa televisivo que “lo de plan sistemático es un adjetivo… Yo no creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas, fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que había arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento”.

Estas declaraciones, repudiadas por organismos de derechos humanos -entre ellos por el titular de SERPAJ y ex premio nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel – por varios funcionarios del gobierno nacional y por la conducciones partidarias de la UCR y otros partidos de la oposición, pretenden desconocer y echar por tierra los testimonios recogidos oportunamente por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) -creada por decreto del presidente Raúl Alfonsín a pocos días de su asunción en 1983- en los cuales los familiares y las víctimas de la atroz dictadura dejaron en evidencia los métodos utilizados para detener, torturar y matar a miles de compatriotas y que fueron compilados en el conocido informe NUNCA MAS.