Las afirmaciones del fascista Olmedo respecto de la construcción de un muro en la frontera boliviana sólo han servido para disimular dos cuestiones. En primer lugar, el carácter absolutamente persecutorio -y también fascistoide- del decreto macrista que modifica la ley de migraciones; en segundo lugar, el apoyo de la supuesta “oposición” a este decretazo contra la población migrante, por un arco que va desde Sergio Massa hasta la kirchnerista Diana Conti.

El decreto no “modifica” la ley de migraciones; es, en verdad, la redacción de una nueva ley, alterando y extendiendo todos los aspectos restrictivos de la norma anterior en relación a la población extranjera.

El decreto reduce de 180 a 90 días la vigencia de las residencias precarias, cuya prórroga, añade, no “resulta residencia válida a los efectos del arraigo, necesario para la obtención de la residencia permanente”. Establece, por lo tanto, un sistema de prórrogas indefinidas, sujetas a la arbitrariedad de una omnipotente dirección de Migraciones. Si el afectado introdujera un recurso judicial por la cancelación de su residencia, el Estado podrá conceder una “permanencia transitoria”, que se extinguirá cuando “se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento”. No puede haber nada más ambiguo –y sujeto a la discrecionalidad– que el término “desnaturalización”.

El decretazo impide “el ingreso al país de aquellos que tengan antecedentes o condena no firme en la Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad”. En la ley original, ese impedimento se reducía a las condenas –en firme– con tráfico de armas, de personas, narcotráfico o lavado de dinero. Por los mismos motivos –antecedentes, condena no firme “o desnaturalización” de las razones del ingreso–, el Estado podrá disponer la salida del extranjero que ya ingresó al país. Basta, por lo tanto, un simple procesamiento, para que el Estado disponga una expulsión.

La dirección de Migraciones, sin embargo, se reserva la “admisión o permanencia excepcional” de ciertos extranjeros. Esa posibilidad, por caso, podrá “ser concedida a los que brinden en sede judicial información sobre alguno de los delitos contra el orden migratorio”. El decreto incorpora, por lo tanto, una suerte de “ley del migrante arrepentido”, donde la permanencia en el país podrá ser obtenida a cambio de delatar a otros inmigrantes.

Finalmente, el decreto incorpora un régimen de expulsión “sumarísimo” que incluye “la retención preventiva (del extranjero) en todo momento del procedimiento administrativo o del proceso judicial, hasta que se concrete la expulsión”.

El decretazo antimigratorio será complementado, según se informa, por la creación de una policía y de un fuero judicial migratorios, esto es, de un régimen especial de justicia y represión a la medida de la disposición oficial.

El zorro y las gallinas

Los opositores han apoyado esta aberración con el argumento de que “sólo se persigue a delincuentes o narcos”. Pero soslayan que el decreto otorga verdaderos superpoderes a un Estado y a unas fuerzas de represión surcadas, precisamente, por sus vínculos estructurales con el delito organizado. A caballo de este decreto, la policía –y su versión “migratoria”– tendrá amplias facultades para extorsionar a los inmigrantes con sus recursos conocidos –“plantar” pruebas, fabricar evidencias, promover falsas delaciones– y, sobre esta base, armar la peor de las extorsiones: a los migrantes, se les ofrecerán “legajos limpios” a cambio de participar en las redes delictivas que cuentan con protección estatal. Nos referimos, por un lado, al tráfico de drogas. Y por el otro, a la trata de personas y el sometimiento al trabajo semiesclavo, en los sórdidos talleres clandestinos que pululan a la vista de los “inspectores” de trabajo. Bajo la espada de Damócles de la expulsión del país, los socios estatales del delito organizado contarán con un arma de chantaje invalorable. Es esto lo que aplauden, en las últimas horas, los “demócratas” de toda laya en la Argentina.

Los apologistas del decreto reaccionario muestran a las villas porteñas y a sus pasillos oscuros como una amenaza nacional, sin decir que quienes gobiernan se han negado, durante años y décadas, a transformar a esas villas en barrios y a promover su urbanización, lo que constituiría el primer paso para erradicar a las redes delictivas que atemorizan, en primer lugar, a sus propios habitantes, sean estos argentinos o extranjeros.

Migrantes trabajadores

El control migratorio no alcanzará, por supuesto, a los “Mi Sangre” y otros jefes narco que han vivido en el Delta del Tigre y otros paraísos de la especulación inmobiliaria. Ni qué decir que el mismo régimen que ha establecido este estatuto persecutorio viene de premiar a los zares del lavado con un generoso blanqueo de capitales. La escalada antimigratoria, por lo tanto, sólo ataca a los migrantes trabajadores, para facilitar su sobreexplotación en todos los planos, los ilícitos y los “licitos”. Por eso mismo, es nefasto el otro silencio, el de la burocracia de los sindicatos y centrales obreras, que miran para otro lado frente a esta ofensiva contra la franja más explotada y precarizada de los trabajadores. Es necesario desarrollar una gran campaña política contra el decreto antimigratorio, que no es sólo una lucha democrática sino también por la unidad de todos los trabajadores –nativos y extranjeros– en defensa de sus conquistas y condiciones laborales. La persecución al extranjero sólo apunta a deprimir, todavía más, el piso de la condición de vida y de trabajo de toda la clase obrera. El programa es claro: derecho a la radicación del trabajador migrante; igualdad de condiciones en la contratación laboral; blanqueo del precarizado, con la sola denuncia de su condición laboral al Estado. Urbanización de las villas. por el carácter público y el control de los actos migratorios por parte de organizaciones obreras y de la comunidad inmigrante; que se derogue el secreto bancario ;para conocer a los lavadores y sus vínculos con el aparato estatal, cárcel a las mafias capitalistas, libertad y derechos a los trabajadores de todo el continente.