Por Pamela Verasay. La senadora de Cambiemos cuestiona una ley sancionada el año pasado por la Legislatura porteña que prohíbe la publicidad de todas las bebidas alcohólicas en la vía pública y el auspicio, por parte de marcas de actividades culturales, sociales y deportivas.
Muchas veces, los temas que son abordados de manera equivocada desde las instituciones, cruzan tangencialmente las ideas políticas, los espacios partidarios y los debates públicos más taquilleros.
Eso sucedió en noviembre pasado, cuando la Legislatura porteña sancionó una ley que prohíbe la publicidad de todas las bebidas alcohólicas en la vía pública y el auspicio, por parte de marcas de estas bebidas, de actividades culturales, sociales, deportivas de acceso libre y gratuito en el ámbito de la Capital.
Esta ley, que puede parecer para algún desprevenido o neófito una medida positiva, entraña errores conceptuales profundos, inconsistencias culturales evidentes y, principalmente, una inconstitucionalidad insalvable al violentar una ley de alcance nacional.
Queda bien decir que se prohíbe la difusión de las bebidas alcohólicas porque estas consumidas en exceso son perjudiciales para la salud y afectan el buen comportamiento del ciudadano en sociedad. Con este mismo razonamiento, reduccionista y poco elaborado, se podría pedir la prohibición de la publicidad de vehículos porque si el conductor viola las leyes de tránsito puede provocar una catástrofe; o impedir la publicidad de carne argentina (un producto que también nos distingue en el mundo), porque la carne vacuna consumida en exceso perjudica la salud del consumidor.
La ley sancionada por la Legislatura porteña desconoce el proceso productivo de la vitivinicultura argentina al punto que legisla sin entender por ejemplo, que la vitivinicultura es uno de los pocos sectores económicos que, proviniendo de una economía regional y contando con procesos agrícolas, industriales y de servicios, se insertó en los mercados internacionales durante los últimos veinte años, a pesar de vaivenes económicos e innumerables decisiones políticas, económicas y comerciales nocivas para su desarrollo.
A su vez, esta ley es representativa de un problema institucional irresuelto en dos siglos de existencia nacional. El centralismo conceptual que rige en Buenos Aires, impide analizar con visión amplia, contemplativa y estratégica la naturaleza federal de nuestro país. Para ejemplo, basta un botón: muchos de los servicios comerciales y logísticos del sector vitivinícola argentino, lo prestan empresas, profesionales y entidades radicadas en la Ciudad de Buenos Aires. La vitivinicultura argentina tiene un anclaje natural en Cuyo, pero comprende complejas redes que generan empleo a lo largo y ancho del país; de hecho, es creciente el turismo de extranjeros que llegan a Argentina no solo por el tango, los glaciares y las Cataratas, sino atraídos por el vino argentino.
Finalmente, la ley de la Ciudad, desconoce dos leyes nacionales. Una, la N° 26.870, que declara al vino como bebida nacional y asigna fondos, establece prioridades y describe herramientas para promocionar el vino argentino en el mundo. Y otra, la ley de lucha contra el alcoholismo, que establece límites y condiciones a la publicidad de bebidas alcohólicas. Esta ley restringe las publicidades impidiendo que se dirijan a menores de 18 años y obliga, acertadamente, que se incluyan las leyendas de “Prohibida su venta a menores de 18 años” y “Beber con moderación”.
La ley porteña omite que el vino es un alimento profundamente arraigado a la cultura y la identidad no solo de Mendoza o Cuyo, de toda Argentina. Una ley de esta naturaleza, sancionada en el centro neurálgico y comercial de nuestra nación, es un golpe innecesario y de impacto inconmensurable para una de las industrias más dinámicas, con mayor prestigio internacional y mayor potencial de crecimiento de todo el país.
En estos días, diversas entidades gremiales empresarias, organizaciones de fomento vitivinícola y representantes políticos de Mendoza en la Nación, realizaremos gestiones para que Buenos Aires revea este instrumento.
La situación requiere, que más allá de los argumentos constitucionales, un proceso de diálogo resuelva de manera eficaz y con celeridad la situación. La voluntad de los legisladores porteños no es incongruente con la defensa que los mendocinos hacemos de nuestra industria. El problema no es de principios ni de objetivos, sino del medio escogido y del daño colateral que implica. Asociar al vino al consumo responsable y fomentar la vida sana son dos objetivos plenamente compatibles y absolutamente complementarios.
