Tras el llamado a extraordinarias, la Bicameral de Trámite Legislativo recibió a sindicalistas y abogados laboralistas y pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 16. En el kirchnerismo aseguran tener nueve firmas para invalidar el decreto si no es anulado antes por el presidente. Faltazo de la CGT y del superintendente de Riesgos de Trabajo.
Tras el llamado a sesiones extraordinarias, el Frente para la Victoria-PJ dio una tregua al Gobierno para que derogue el DNU que modificó el régimen de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), en una reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que terminó con la firma de dictámenes abierta.
El presidente del cuerpo parlamentario, el camporista Marcos Cleri, dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 16, a la espera de que el Poder Ejecutivo derogue el decreto en cuestión, aunque para ese entonces, la ley podría estar sancionada.
En el kirchnerismo aseguran tener nueve firmas para declarar la invalidez del DNU, pero lo cierto es que el dictamen apenas empezó a circular y más de un senador se fue sin estampar su firma, abriendo así una especie de tregua con el Gobierno.
El FpV-PJ cuenta con el respaldo del puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien se manifestó en contra de la disposición presidencial, frente a los seis representantes de Cambiemos que defienden el DNU y una sugestiva ausencia del massista Raúl Pérez.
La reunión de este miércoles, que había sido convocada antes de que el presidente Mauricio Macri diera el golpe de timón, resultó un mero desfile de sindicalistas y abogados laboralistas donde no estuvo presente la CGT y tampoco participó el superintendente de Riesgos de Trabajo, Gustavo Morón.
En el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados, los invitados expusieron sobre el DNU 54/2017, que modificó el régimen de ART estableciendo, entre otras cosas, que en caso de un accidente laboral, el empleado debe pasar por las comisiones médicas antes de acudir a la Justicia, con el fin de terminar con “la industria del juicio”.
Las mismas modificaciones estaban plasmadas en el proyecto que el próximo lunes debatirán las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, antes del tratamiento final en el recinto.
La validez (o no) del DNU
Al iniciar la reunión, el macrista Pablo Tonelli pidió “tener en cuenta la incidencia de la convocatoria a extraordinarias”. “No podemos soslayarlo”, dijo, al informar que ya fue convocado para el lunes a las 17 el plenario de comisiones correspondiente.
El proyecto de ley, que fue aprobado en el Senado, modifica el régimen de ART estableciendo, entre otras cosas, que en caso de un accidente laboral, el empleado debe pasar por las comisiones médicas antes de acudir a la Justicia, con el fin de terminar con “la industria del juicio”.
El Frente para la Victoria-PJ cuestionó que el presidente Mauricio Macri haya avanzado con la reforma a través de un DNU cuando ya había una iniciativa en trámite. “Debe ser rechazado porque no hubo razones de necesidad y urgencia y porque se está violando el debido proceso parlamentario”, argumentó el senador Mario Pais.
Por el contrario, Tonelli aclaró que “ni en la Constitución ni en la ley que regula el trámite de los DNU hay la más mínima prohibición para que el Poder Ejecutivo dicte un DNU mientras hay un proyecto en proceso”.
Por su parte, el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá denunció que “se utilizan los DNU con una ligereza alarmante que afecta las instituciones”, y recordó: “Cuando tratamos el proyecto en el Senado, nadie habló de la urgencia”.
“Que los CEOs que nos gobiernan y el ‘duranbarbismo’ lean la Constitución y se den cuenta que no se puede hacer lo que ellos quieren”, disparó el peronista.
Apoyos y rechazos
Las CTA Autónoma y de los Trabajadores fustigaron la reforma de las ART y coincidieron en que “no había necesidad ni urgencia” de efectuarla por decreto, al exponer ante la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.
“Hay una reiteración de iniciativas del Poder Ejecutivo que violan los principios de independencia de poderes y leyes que amparan a la ciudadanía”, denunció el titular de la CTA Autónoma, Hugo Yasky, al poner como ejemplo el hecho de “no convocar a la paritaria nacional docente en tiempo y forma, que es un derecho adquirido”.
Yasky precisó que “hay seis fallos de la Corte Suprema que señalan aspectos anticonstitucionales del decreto”, y advirtió que éste fue pensado “en función de los intereses de los grupos de aseguradoras”.
El sindicalista cuestionó que “se le niega al trabajador el derecho de cualquier ciudadano de recurrir a la Justicia”, y agregó que la reforma fomenta “la mano de obra barata, que cuando se accidenta no vale nada”. “No somos material descartable”, sentenció.
Por su parte, en representación de la CTA Autónoma de Pablo Micheli, Rubén Ruiz dijo estar ante “una violación por parte del Poder Ejecutivo de las normas del sistema republicano”, y, sobre el contenido del DNU, subrayó que “se Intenta proteger los intereses financieros de las empresas privadas”.
A continuación, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, detalló que “entre 2004 y 2015 la litigiosidad aumentó 2600%” y sostuvo que “es urgente y necesario adecuar la ley” de ART.
“Para nosotros es urgente y necesario adecuar el funcionamiento de las comisiones médicas y otros aspectos”, explicó, y esgrimió dos motivos: “el riesgo de mayor informalidad” y “el aumento de las alícuotas por el impacto del costo de la litigiosidad”.
Roberto Pompa, director de la Asociación Latinoamericana de Jueces de Trabajo (ALJT) y titular de la cátedra de Derecho del Trabajo de la UBA, consideró que “la convocatoria a extraordinarias demuestra de manera evidente que han cesado las razones de necesidad y urgencia que habían motivado este decreto”.
Por eso, opinó que “la bicameral debería rechazarlo porque han desaparecido las razones que consideraban su dictado”.
Por la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, Gustavo Ciampa denunció que la modificación del régimen actual “es una afrenta a los trabajadores” porque “es inadmisible obstruir el acceso a la Justicia”.
“Cuando (las aseguradoras) rechazan la enfermedad, al trabajador no le queda otra alternativa que ir a la Justicia, y ahora no sabe cuándo lo podrá hacer”, observó Ciampa, y añadió que “es un proyecto antojadizo, porque cuando se habla de la alta litigiosidad no se analizan las causas”.
También se hicieron presentes en la reunión Matías Layus -secretario general de La Bancaria Rosario- y Guillermo Goldstein, de la AABA (Asociación de Abogados de Buenos Aires), entre otros.
