Desde elexministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, que rechazó que hayan sido 30 mil los desaparecidos de la última dictadura militar en Argentina, pasando por el propio presidente Mauricio Macri que dijo desconocer la cifra exacta, y concluyendo con el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, quien negó un plan sistemático para desaparecer personas, el debate sobre la etapa más oscura del país fue reavivada en los últimos meses.

Las críticas hacia los funcionarios llovieron por todos lados, empezando lógicamente por los organismos de derechos humanos y siguiendo por las fuerzas de la oposición, sobre todo el kirchnerismo. En tal sentido, la diputada Nilda Garré (FpV-PJ) presentó este viernes un proyecto de ley para “la prevención y condena de la negación del genocidio y crímenes contra la humanidad”.

La iniciativa implica una modificación al Código Penal, a partir de la cual se establece que quien “públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad” podría ir a prisión desde seis meses hasta dos años, y recibir multas que van desde los 10 mil a 200 mil pesos.

Uno de los puntos clave es que, cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público, la pena será de uno a cuatro años de prisión y la “inhabilitación especial por el doble del tiempo que el de la condena”.

Otro de los artículos del proyecto, impulsado por la exministra de Defensa, indica que “los recursos provenientes de las multas serán destinados a instituciones sin fines de lucro dedicadas a la investigación y lucha contra el genocidio y crímenes contra la humanidad, sean estas de carácter público o privado”.

En los argumentos de su propuesta, a la que tuvo acceso parlamentario.com, la legisladora resaltó que “la Justicia argentina ha sido clara en cuanto a los alcances del terrorismo de estado en nuestro país, definiendo a los hechos investigados en el marco Juicio a las Juntas, como un plan sistemático y ordenado. Asimismo, ha quedado delimitado el daño que la implementación de terror ha ocasionado en numerosas víctimas y en la sociedad en su conjunto”.

“En el último tiempo diversos funcionarios del gobierno han negado el alcance del terrorismo de estado y el daño que el mismo ha ocasionado en las víctimas. Estos dichos no solo hieren susceptibilidades de personas que han padecido las consecuencias del plan sistemático de terror o de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, sino que significan una clara negación de nuestra historia reciente y atentan contra lo dictaminado por la justicia argentina”, sostuvo Garré, por lo que consideró que “resulta indispensable, entonces, impedir que reinterpretaciones u opiniones contrarias a las definiciones judiciales ganen terreno”.

Además, entre los ejemplos de países que tienen normas al respecto, recordó que “en 1985 Alemania sancionó una larga y compleja norma de 'Incitación al Odio'” y que en 2014 el Parlamento griego “aprobó una ley destinada a castigar los delitos de odio” que “destaca particularmente un artículo que condena la negación o trivialización del holocausto nazi”. También mencionó que en 2007, Italia avanzó con “un decreto que convirtió la negación del holocausto y la incitación al odio racial como delitos pasibles de condenas de prisión”.