El diputado nacional Alejandro Grandinetti, del Frente Renovador UNA, anticipó que su bloque está trabajando en la presentación de un pedido de informes para exigirle al Ejecutivo Nacional que se detallen todos los pormenores del arreglo por la deuda con el Correo. Considera que el Poder Legislativo no puede quedar al margen de la investigación.

Al respecto, el legislador adelantó que “entre otras cuestiones, la iniciativa persigue el objetivo de forzar al Gobierno Nacional a que explicite todos los motivos y elementos que se tuvieron en cuenta para avalar el acuerdo”. También explicó que “deberá detallar si hubo dictámenes de otros organismos del Estado que avalaban la necesidad de aceptar esa propuesta”, porque consideró que “una decisión de ese tipo no puede recaer sobre una sola persona”.

Ese requerimiento se desprende del dictamen de la fiscal Gabriela Boquín, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, quien denunció que “el consentimiento estatal fue otorgado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones (el doctor Mocoroa, en su condición de director General de Asuntos Jurídicos en carácter transitorio), sin competencia y sin acreditar de quién recibió instrucciones”.

Según la representante del Ministerio Público fiscal “la homologación de la propuesta llevaría a una quita de 70 mil millones de pesos a 2033 e implicaría “una condonación de la deuda cercana al 99 por ciento”.

Luego, en un nuevo dictamen emitido este viernes, Boquín calificó la conducta de la empresa del Grupo Macri “contraria a la buena fe procesal” e insistió en denunciar “el carácter abusivo de la propuesta de la firma”. En ese mismo escrito presentado ante la Cámara, advirtió que tomó conocimiento de una acción por $ 1800 millones entablada por Correo Argentino contra el Estado en el que se le reclaman daños y perjuicios por falta de pago de distintas inversiones realizadas por la empresa.

Según la fiscal, “esa demanda fue entablada 15 días antes de la audiencia en donde se acordó el convenio” y demuestra que la empresa “adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal al no comunicar ni al tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción, mientras se encontraba negociando con el acreedor”.

Para la funcionaria judicial, la posición de Correo en el expediente contencioso “convierte aun en más abusiva la propuesta formulada al Estado, porque mientras se ofrece pagar a partir de 2018 un interés del 7 por ciento anual reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta el 2009”.

Finalmente, el diputado Alejandro Grandinetti respaldó en su totalidad el trabajo de la justicia pero consideró que “ante un escándalo público de tal magnitud, el Congreso Nacional tiene la obligación de actuar inmediatamente en defensa de los derechos de todos los argentinos”.