Otra patinada tuvo el Gobierno Nacional en la cuestión del Correo. Fue luego de que el jefe de Gabinete pidiera una auditoría de la AGN y desde ese organismo le aclararan que eso no correspondía, pues el que debe solicitárselo es el Congreso, no el Ejecutivo.

El tema arrancó por la mañana en la residencia presidencial de Olivos, donde el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anticipó que se pediría “un veredicto técnico a la Auditoría General de la Nación”, organismo dependiente del Poder Legislativo y a cargo de la oposición, antes “de suscribir una postura definitiva”.

Sin embargo, el presidente de la AGN, Oscar Lamberto, aclaró que ese organismo no intervendrá en el conflicto originado por el principio de acuerdo entre el Gobierno y el Correo Central. Así se lo confirmó al portal Infobae, donde señaló que la AGN no puede intervenir a instancias del Poder Ejecutivo. “No somos el organismo adecuado, el Gobierno tiene a la Sigen para este tipo de cuestiones; suena raro que se acuerden de la Auditoría después de que se armó el escándalo”.

Lamberto sostuvo que el plan de acción del organismo “no se puede modificar sin acuerdo del Parlamento, pero hubo casos en los cuales a pesar del acuerdo hay dictámenes legales internos que recomiendan la no intervención en estos casos”.

Ante ello, trascendió que desde el Poder Ejecutivo les solicitarán a los legisladores oficialistas promover la auditoría correspondiente, de modo tal que la AGN, el único organismo de control en poder de la oposición, pueda actuar.

Durante una conferencia de prensa brindada por la mañana, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que “no” existe un “conflicto de intereses” y anunció que solicitarán “una audiencia con carácter urgente” a la Cámara Federal para que se “aborde de manera integral esta problemática” y convoque “a un panel de expertos independientes que den una mirada de cuál sería la mejor resolución”. Además, que “incluya los juicios que le ha hecho la empresa al Estado”.

Peña sostuvo que el entendimiento se trata de una “discusión de carácter judicial que viene dándose hace muchos años” y responsabilizó a la gestión kirchnerista por “12 años de desidia” en los que no hubo una “resolución” al respecto.

El jefe de Gabinete remarcó que el hecho “todavía no está terminado”, ya que el acuerdo no fue homologado, y expresó que “es importante transparentar toda acción de gobierno”, por lo que el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, quien lo acompañó en la conferencia, “está a disposición del Congreso de la Nación para poder dar explicaciones”.

“Para nada es un problema político, es un tema técnico-judicial. Jamás ha sido debatido en forma puntual por el presidente”, subrayó el ministro coordinador que además señaló que el acuerdo “es entre 600 acreedores y el Estado”, dentro del cual está el Correo Argentino.

Por su parte, Aguad, responsable del área de Gobierno que firmó el acuerdo que fue objetado por la fiscal de Cámara Gabriela Boquín, expresó: “Jamás consulté este tema con el presidente, tiene vedado por ley interesarse en alguna cuestión que involucre a algún familiar”. “El presidente nunca se interesó en el tema y lo único que pidió es que tratáramos de solucionarlo con los tres poderes del Estado”, agregó.

El encargado de la cartera de Comunicaciones confirmó que este martes se reunirá con diputados del interbloque Cambiemos, y afirmó que “si otros bloques me lo piden” también se reunirá con ellos. Asimismo, aclaró que está al tanto de los pedidos de interpelación que la oposición presentó en el Parlamento.