La presidenta del STJ Clara de Langhe de Falcone es acusada de haber incurrido en “parcialidad” al aparecer como parte en una operación gestada para que Milagro Sala quede detenida indefinidamente.
Tomó estado parlamentario el pedido de juicio político a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Jujuy, Clara de Langhe de Falcone, en la cuarta sesión extraordinaria de la Legislatura, y fue girado a la Comisión Investigadora.
El pedido de juicio político es impulsado por el diputado Juan Manuel Esquivel, del Frente Unidos y Organizados (FUyO), y por Milagro Sala en su calidad de diputada del Parlasur, quienes presentaron la denuncia contra la magistrada por incumplimiento de los deberes a su cargo al haber incurrido en parcialidad al aparecer como parte de una operación gestada en un estudio jurídico de Buenos Aires con el objetivo de mantener indefinidamente detenida a Milagro Sala, y al haber puesto en cuestión la independencia del poder ejecutivo y judicial, ya que hubo una serie de correos electrónicos entre altos funcionarios judiciales y del estado donde se plantea una estrategia para cuando llegue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la provincia en mayo próximo.
En la sesión extraordinaria celebrada esta semana, el pedido de enjuiciamiento fue girado a la Comisión Investigadora, a pesar de no estar conformada aún. Dicha comisión resulta de la conformación de las salas Acusadora y Juzgadora, y es la que debe evaluar si es procedente continuar con el juicio político, en un plazo no mayor de 40 días hábiles, según establece el reglamento interno de la Cámara en concordancia con la Constitución de la Provincia.
Esquivel destacó que “es un escándalo institucional llegar a la instancia de tener que promover juicio político a un ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, en este caso la doctora Clara de Falcone, por entender que estaría incurriendo en falta de imparcialidad en su actuación como magistrada, sino además de haber puesto en peligro la independencia del Poder Judicial al aparecer como instruida por un asesor del gobernador Gerardo Morales para desarrollar una tarea que le es propia y excluyente”.
“De esta manera se pone en jaque la administración de justicia en la provincia, y por eso hemos solicitado que se investigue la naturaleza de esas situaciones ya que corrompen al estado de derecho de todos los ciudadanos”, prosiguió el legislador.
