Mientras la Asamblea de la AFA aprobaba el nuevo Estatuto y se acordaba elegir presidente el 29 de marzo, una nube apareció en el camino a la reanudación del torneo de fútbol prevista para el 3 de marzo, al objetar una legisladora el arreglo entre el Estado nacional y la Asociación del Fútbol Argentino.

Es por el resarcimiento a la cancelación del contrato de la televisación de partidos, establecido en 350 millones de pesos. “Ese dinero no hay que dárselo a los grandes clubes porque ese dinero es de la gente”, sostuvo la diputada porteña Graciela Ocaña, al presentar un amparo contra esa medida.

La diputada porteña quiere frenar la indemnización por el contrato de Fútbol Para Todos, hasta tanto se detallen los motivos por los cuales el Estado planea otorgar 350 millones de pesos a la AFA en concepto de rescisión, pese a que no existen cláusulas que permitan calcular este monto.
La acción tutelar tuvo en cuenta la magnitud de la cifra, la gravedad y urgencia del tema, ya que de hacerse efectivo el pago en estas condiciones podría tratarse de un caso de malversación de caudales. “Nuevamente nos enfrentamos a decisiones que pueden afectar negativamente el destino de fondos públicos que pertenecen al conjunto del pueblo argentino”, advirtió la legisladora.
La finalización del contrato en cuestión -firmado en 2009 entre la Jefatura de Gabinete y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA)- costaría al Estado unos 350 millones de pesos en favor de la entidad y sus clubes asociados. No obstante, no se dieron explicaciones sobre cómo y por qué se llegó a este número acordado, teniendo en cuenta que no existen disposiciones relativas a la indemnización por incumplimiento: esto significa que no se fijan montos específicos, o siquiera se compromete al Tesoro Nacional.
Asimismo, el escrito señala que existen elementos probatorios que demuestran que la AFA no cumplió con sus compromisos contractuales. Un ejemplo de esto, plasmado en la denuncia de Ocaña, refiere a la obligación de realizar controles presupuestarios y el compromiso a regularizar la situación impositiva.
“Tal como lo ha comprobado los veedores, la AFA y los clubes que la integran no han rendido cuenta de la aplicación de los fondos recibidos y han incumplido todas y cada una de las obligaciones asumidas en el contrato y las adendas posteriormente celebradas”, afirmó la legisladora en la solicitud, ingresada en el Juzgado Federal N° 1 a cargo de la jueza María Servini.
Estos desmanejos, que llevaron a la entidad a contraer deudas con el fisco por más de 130 millones de pesos, quedarían ahora saldados a través de la indemnización estatal. Sumado a esto, en diciembre pasado la AFIP denunció a la AFA por irregularidades fiscales que ascienden a los 84.300.000 pesos.
Ante este escenario, Ocaña realizó un pedido de informes (mediante la Ley de Acceso a la Información Pública) en el cual solicitó la copia del convenio acordado, el detalle del monto total de indemnización, la forma de distribución del dinero y los mecanismos previstos para el recupero de deuda que los clubes poseen con el Estado. Todavía no hubo respuesta por parte del Ejecutivo.
“No se puede validar que, escudándose en una figura asociativa como la AFA, los clubes que la integran pretendan diluir y evadir responsabilidades. No ha ocurrido un cambio mágico de autoridades ni de estructuras, continúan en su lugar los mismos dirigentes que ha llevado al futbol argentino a esta situación y se habrían beneficiado con fondos públicos de todos los argentinos gastados si control”, concluyó la diputada.

En caso de prosperar la medida, no podría reanudarse el fútbol, pues ese aporte es clave para que comience a rodar la pelota. Ocaña también contra el dirigente Claudio “Chiqui” Tapia, citado como muy probable futuro presidente de la AFA, quien está denunciado por la propia Ocaña. Según la legisladora, el yerno de Hugo Moyano impulsa su candidatura para presidir la AFA gracias a los 100 mil pesos mensuales que cobra del CEAMSE, una sociedad del Estado.