El legislador de la CC ARI Maximiliano Ferraro y el de PSA Adrián Camps presentaron en el Palacio Legislativo porteño un proyecto de ley para garantizar el derecho de sindicalización del personal de la fuerza de seguridad de la Ciudad.
El diputado de la CC ARI Maximiliano Ferraro y de PSA Adrián Camps presentaron este lunes en la Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, un proyecto de ley mediante el cual buscan “garantizar al personal de la Policía de la Ciudad el derecho constitucional a la organización sindical libre y democrática para defensa de sus intereses laborales a través del derecho a constituir, afiliarse y participar activamente de sindicatos”.
En este sentido, la iniciativa sostiene que la “participación del personal en organizaciones sindicales no podrá afectar el normal cumplimiento de sus tareas, aún en caso de medidas de fuerza, huelgas, protestas de cualquier tipo, reclamos gremiales y en cualquier caso de petición ante las autoridades” y agrega que “en ningún caso, durante el ejercicio regular del derecho de petición ante las autoridades, el personal policial o civil podrá portar y/o utilizar tipo alguno de armas ni uniforme, lo que se considerará una falta grave que habilitará la imposición de las sanciones”.
A su vez, entre los fundamentos de la propuesta, los legisladores explicaron que “la Ciudad de Buenos Aires vive un proceso inédito en su historia desde su creación y la sanción de nuestra Constitución; la reafirmación de potestades constitucionales que nunca debieron habérsele cercenado a todos los porteños implica un camino dirigido a la plena autonomía de nuestro estado”, es así que “con la transferencia de las fuerzas de la Policía Federal, al control del gobierno local y la posterior creación de la Policía de la Ciudad (policía conformada por la suma de las fuerzas federales y metropolitanas), creemos fundamental regular el derecho a la sindicalización del personal de la nueva fuerza de seguridad que se constituye bajo los principios, como indica su ley orgánica, de gobierno civil y bienestar y desarrollo policial, entre otros”.
“Frente a los acontecimientos de público conocimiento que se produjeron en el anterior Gobierno Nacional, nos parece importante reafirmar que la participación regular de agentes en organizaciones gremiales no podrá ser motivo de falta disciplinaria alguna, ni puede dar lugar a la aplicación de medidas correctivas tales como sanciones, traslados u hostigamientos, o cualquier otra medida en perjuicio del mismo”, concluyen los diputados.
