El Gobierno inició este jueves un proceso consultivo con organizaciones no gubernamentales y especialistas académicos que trabajan temas de transparencia y control para debatir los anteproyectos de decretos impulsados por el presidente Mauricio Macri que regularán los conflictos de intereses.
La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso; el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el procurador del tesoro de la Nación, Carlos Balbín y el titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Ignacio Rial, presentaron ante referentes de ONGs y especialistas los anteproyectos de los decretos que evitarán conflictos de interés que involucren al Presidente, funcionarios y sus familiares.
“Estamos haciendo un proceso amplio donde hemos abierto esto a la opinión consultiva de expertos y Organizaciones no Gubernamentales”, explicó Alonso al término de la reunión que tuvo lugar en el Salón Sur de la Casa Rosada.
La funcionaria detalló que los anteproyectos de los decretos de integridad están publicados en el sitio web del organismo (www.anticorrupción.gob.ar) y que cualquier ciudadano podrá aportar contribuciones, hasta el próximo 15 de marzo, que serán consideradas y reflejadas en la elaboración de estas medidas como producto de un proceso de colaboración abierto y participativo.
“Esto es inédito, nunca un presidente antes de firmar un decreto de autolimitación se ha sometido a este nivel de consulta”, destacó Alonso.
La titular de la OA afirmó que “cualquier situación que genera una demanda o suspicacia en la sociedad es bueno que se responda con una respuesta institucional, no con chicanas o con un debate vacío sin ningún tipo reformas”.
“Mauricio Macri pidió generar una respuesta institucional adecuada para prevenir cualquier tipo de conflictos de intereses, lo que refleja el espíritu del propio presidente de no ser objeto de ningún tipo de acusación en el futuro”, subrayó.
El primero de los decretos de integridad está relacionado con aquellos juicios al Estado donde se encuentren involucrados el presidente, el vicepresidente, la vice o ciudadanos con parentesco, consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad, sociedad o comunidad, pleito pendiente, amistad o enemistad pública y manifiesta, acreedor o deudor.
El anteproyecto propone que en esas situaciones judiciales la Procuración del Tesoro ejercerá el patrocinio legal del Estado.
El organismo deberá publicar y actualizar en su sitio web el listado de causas, el estado de las mismas las y audiencias a celebrarse y garantizarle a la sociedad el acceso al expediente digital.
Previo a tomar una decisión que ponga fin al juicio, deberá presentar un informe frente a la OA, la SIGEN y la Comisión revisora de cuentas del Congreso y publicar en la web un informe con los fundamentos de la resolución.
Además, todos los años tendrá que remitir al Congreso de la Nación un informe sobre la aplicación de la norma.
El restante decreto prevé prohibir las contrataciones públicas donde se evidencia conflictos de intereses con del Presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete, los ministros y los titulares de empresas estatales.
La iniciativa abarcará a todos los procedimientos de contratación pública: adquisición de viernes y servicios, obras, concesiones y suministros; cesión; comodato; licencia; habilitaciones, autorizaciones y permisos.
Además, estipula que los contratistas deberán presentar una declaración Jurada de Intereses de vínculos con funcionarios alcanzados.
También cuenta con una propuesta de modificación al régimen general de Declaraciones Juradas de los funcionarios con el objetivo de ampliar la información que se incluye en el procedimiento.
Si la vinculación es con el presidente el vice o el Jefe de Gabinete, el ministerio u organismo estatal que contrata estará obligado a incorporar unas de las siguientes herramientas de transparencia: pactos de integridad, participación de testigo social, veeduría de dependencias de control y realización de audiencias públicas.
En estas situaciones se dará intervención a la OA, se garantizará la publicidad total del expediente y se prohibirá la contratación de forma directa.
Por su parte, los ministros y titulares de organismo de Estado involucrados en la posible contratación atravesada por un conflicto de interés deberán abstenerse e informar de la gestión al Jefe de Gabinete para que designe a otro funcionario.
También es estos casos se dará intervención a la OA y se garantizará la publicidad total del expediente.
