La comisión de Relaciones Interjurisdiccionales del Palacio Legislativo de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires se reunió este martes con el Subsecretario de Gobierno del Ministerio de Gobierno de la Ciudad, Gustavo Gesualdo, para informarse acerca de las condiciones en la que se producirá el traspaso del Registro de la Propiedad Inmueble de la Justicia nacional a la órbita porteña.

En el encuentro estuvo presidido por Juan Francisco Nosiglia – presidente de la comisión de Relaciones Interjurisdiccionales- y participaron los legisladores del Pro Eduardo Santamarina y Jian Ping Yuan; del FpV Carlos Tomada, Paula Penacca y Andrea Conde; de PSA Adrián Camps; de CNLM Gabriel Fuks; de Confianza Pública Marcelo Depierro; y del Bloque Peronista Claudio Heredia.

En este contexto, Gesualdo aseguró que al tratar la transferencia del Registro de la Propiedad Inmueble de la Justicia nacional al distrito capitalino “estamos logrando dar un paso más en la autonomía de la Ciudad” y explicó que “estamos hablando del traspaso de 450 personas”.

En este sentido, aseguró que “estamos muy contentos con el trabajo que viene haciendo Registro de la Propiedad Inmueble” y destacó que “entendemos que el funcionamiento, las reglas y normativas con las que se viene desenvolviendo la institución, y el personal están en condiciones de ser transferidas a la Ciudad de Buenos Aires sin que ello suponga algún inconveniente”.

“La función del Registro va a seguir siendo la misma y estamos garantizando el hecho de que no haya ningún tipo de vacío legal para ninguno de los actores intervinientes”, especificó el funcionario y remarcó que “en el presupuesto está previsto el traspaso de esta competencia”.

Asimismo, detalló que a los trabajadores “tendrán plena continuidad de sus tareas y no perderán ninguno de los derechos adquiridos” y subrayó que “se van a ir firmando actas específicas para ir cerrando todas las cuestiones referidas al traspaso”. Además, ratificó que “el Estado debe transferir todo el personal que dependa de este, que son aproximadamente 350 trabajadores; por lo que, los empleados que estén contratados por otros mecanismos van a seguir desenvolviéndose con la misma modalidad que ya tenían”.

Por su parte, el presidente del bloque FpV, Carlos Tomada, exigió “tener más reuniones, porque hay muchos temas que nos preocupan y demasiadas incertidumbres” y denunció que “los convenios que tenemos a la vista son muy generales; nos dicen que después se van a firmar actas especificas, pero serian actas ciegas porque no sabemos de que podrían ser”.

“Pareciera que los protagonistas de esta historia, que son los trabajadores, no son tenidos en cuenta en estos convenios”, explicó y agregó que “ya venimos de una experiencia de traspaso con la Policía, y no queremos que se repitan nuevamente errores tales como: los obstáculos constantes para el seguimiento de temas que han quedado pendientes”.

No obstante, Tomada expresó que “aprecio y valoro la buena voluntad, pero necesitamos tener garantías y normas que establezcan como será el proceso de transferencia”.

En esta misma línea, el diputado de Confianza Pública Marcelo Depierro sostuvo que “con la policía hemos tenido que rechazar convenios por qué no se nos permitía modificar nada, no queremos que en este caso ocurra lo mismo” y añadió que “nos pone un gran peso y un enorme compromiso el hecho de tener que definir con 6 hojas un convenio”.

Además, pidió que las actas específicas no se hagan por separado del convenio general dado que “el Ejecutivo nacional tiene buena predisposición para tratar este tema” y porque “va a servir para hacer un cierre de lo que se está transfiriendo”.

Por último, el legislador peronista Claudio Heredia sugirió “empezar a pensar en un convenio especifico para garantizar y ampliar los derechos de los trabajadores” y agregó que “sería bueno que los empleados puedan continuar con su obra social de origen”.