Por Daiana Solange Zunino

Por los amplios ventanales que dan a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se cuela la luz del sol que ilumina el amplio despacho del presidente del Consejo de la Magistratura, Enzo Pagani, quien se acomoda en su amplio sillón dispuesto a dialogar con Parlamentario.

Con un mate en la mano, Pagani analizó la demora en el traspaso de la Justicia a la órbita porteña y el conflicto con los trabajadores de la Justicia nacional; asimismo, se refirió al funcionamiento del Consejo y la confluencia de los diferentes espacios políticos; entre otras cuestiones.

– ¿Cuál es el beneficio que trae aparejado el traspaso de la Justicia para los porteños?

– Es muy bueno poner el foco en ese tema porque siendo que la Justicia muchas veces aparece como un tema que al común de la gente pareciera no interesarle, pareciera no afectarle su vida diaria. En realidad, cuando aparece en el inconsciente colectivo se encuentra asociado a conceptos negativos; a cuestiones de desidia, de falta de respuesta y resultados, y en algunos casos de sospecha sobre su funcionamiento. Es muy importante destacar que el esfuerzo más grande que estamos haciendo nosotros, a partir de qué estamos poniendo en marcha la deuda histórica del traspaso de competencias, es precisamente tener una Justicia más cercana al vecino, que pueda dar respuestas inmediatas y acorde a lo que corresponde. Estamos trabajando para todos aquellos que habitan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también para quienes ingresan y egresan de nuestra Ciudad a diario.

Entonces, desde ese lugar, nosotros aspiramos a demostrar que la Justicia puede ser una herramienta concreta y que a la par de los otros poderes del Estado -y el resto de los roles que deben cumplir los estamentos de la administración pública – pueda darle respuestas concretas a los vecinos. Específicamente en este primer caso de los cuatro convenios que se han firmado, vinculados a materia penal y de consumo. Creemos que en esos dos fueros vamos a estar en condiciones de mostrar y brindarle a los vecinos una respuesta rápida; una Justicia que se ocupe en tiempo y forma, con una intervención eficiente en materia investigativa de las cuestiones que tienen que ver con delitos; y, que a su vez, pueda dar una respuesta inmediata en lo que tiene que ver con la relación del consumo, que en general va a poner al ciudadano y el vecino en confrontación con una empresa.

En resumen, nosotros confiamos en que este traspaso no solamente viene a cumplir y saldar una deuda histórica de más de 20 años; sino que además, creemos que vamos a poder demostrarles a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, que van a tener una Justicia que le pueda dar una respuesta inmediata.

– ¿Por qué cree que se demoró más de 20 años este traspaso?

– Fundamentalmente porque no hubo voluntad política de ninguno de los gobiernos anteriores para poder concretar y materializar esta situación; y si hubo voluntad política a nivel local, no existió la contraparte necesaria, que era la voluntad política nacional; primero del Ejecutivo y luego de su correlato legislativo. Si bien tenemos algunos antecedentes dado que hubo dos traspasos de competencias puntuales y hubo una tercera ley que aprobó el Congreso nacional que tenía que ver con delegación de competencias. La realidad es que el traspaso implica una dinámica compleja, dado que no es solamente traspasar las competencias de distintos fueros ordinarios, sino que también es hacerlo de la mano de los recursos correspondientes – tal y como lo estipula la Constitución- .

Entonces, en el primer momento en el cual confluyen esas dos voluntades, traspasar las competencias con los fondos y la estructura correspondiente, quedó manifesta por primera vez en el convenio firmado el 19 de enero. Por supuesto que no se consumó en ese momento, sino que fue un disparador, una manifestación de voluntad política muy fuerte que no se había producido previamente, pero requiere de la aprobación y ratificación legislativa de la Legislatura porteña y luego del Congreso nacional; para que pueda tener efectos prácticos y que estas dos cuestiones -el traspaso de competencias y el traspaso de estructuras-, se puedan materializar.

– ¿Por qué los gremialistas y los jueces no acompañan este traspaso? ¿Cuáles son las razones por las cuales lo rechazan?

– Yo creo que la principal respuesta es que hay una resistencia muy fuerte al cambio. Si bien confluyen en el reclamo los sectores gremiales y los estamentos de magistrados de la Nación, la realidad es que mi sensación es que los motivos son diferentes y en los dos casos –paradójicamente- son injustificados porque no hay motivos concretos ni argumentos razonables para manifestarse en contra de esta cuestión. Uno puede comprender el estado de incertidumbre, se puede comprender que haya jueces, funcionarios, magistrados y empleados del la Justicia de la Nación que ante la posibilidad de que esto se materialice, tengan inquietudes al respecto de cuál va a ser su futuro y sus condiciones laborales. La verdad es que si partimos de que esto es un mandato constitucional y de que está trabado por una ley del Congreso que atentó contra el propio espíritu de la Constitución, como fue la Ley Cafiero; y que en realidad las manifestaciones prácticamente unánimes de constitucionalistas, doctrinarios y la propia Corte Suprema.

Lo que yo entiendo, es que detrás de esas dos posturas es una manifestación política, corporativa, sectorial; que desde mi punto de vista tiene dos lógicas diferentes: los jueces nacionales no quieren pasar a la Justicia de la Ciudad por algún extraño motivo, por una cuestión cultural, o por el hecho de que la Ciudad de Buenos Aires fuera la Capital Federal de la Argentina les dio el rango de jueces nacionales, cuando en realidad nunca emitieron fallos ni dictaron justicia sobre ningún hecho que se produjera más allá del distrito, pero tenían ese nombre y la verdad es que no son jueces nacionales.

Más allá de eso, los temores que los magistrados plantean en términos de diferencias de condiciones, de juzgamiento, de la facultad disciplinaria del Consejo de la Magistratura de la Ciudad vinculada con la de Nación; nosotros podemos brindarles una muy clara historia y un funcionamiento que permite en la práctica demostrar que son mucho más garantitas para los jueces las conductas de esta Magistratura, que las que ha tenido durante los últimos años el Consejo de la Nación. Es decir, ni siquiera ahí hay un argumento para agraviarse de parte de los magistrados.

– ¿Por qué afirma que este Consejo de la Magistratura es más garantista?

– Porque así lo demuestran los hechos. Hay una cuestión objetiva que plantean los magistrados que es cierta, que es que la mayoría a la hora de destituir en el jurado en enjuiciamiento, es una mayoría especial en el caso de la Nación y es una mayoría simple en el caso de la Ciudad; esto es en la última etapa del proceso. Sin perjuicio de que esta cuestión se encuentra en análisis en esta Legislatura, y hay proyectos de ley para reformar esa mayoría para que sea igual que en el Consejo de la Magistratura Nacional, la historia demuestra que este Consejo ha destituido a un solo juez en 20 años y ha tenido 3 o 4 conformaciones de jurado en enjuiciamiento. Digo, si este dato no vale en comparación de lo que ha hecho el Consejo Nacional en los últimos 12 años, en términos de persecución o de condicionamiento de voluntades políticas de jueces con los cuales no simpatizaba el poder político. Hay una clara diferencia, a la cual hay que agregarle que los jueces de la Ciudad han fallado con absoluta libertad y con absoluta independencia – como corresponde y debe ser- en contra del poder Ejecutivo de la Ciudad, no solamente del macrismo, sino de los gobiernos de Telerman, de Ibarra, etc.

Jamás se persiguió a un juez por su sentencia y tenemos casos emblemáticos. Hay una filosofía en la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con una concepción de Justicia moderna e independiente, con un Consejo de la Magistratura en el cual el Poder Ejecutivo no está representado; acá hay 3 representantes de los abogados, 3 de los jueces – que están juntos en algunos posicionamientos- y 3 representantes de la política, todos los cuales son puestos por la Legislatura, por ende responden a fuerzas políticas diferentes. Entonces, me parece que desde la discusión política no se sostiene ese argumento, desde lo fáctico no se sostiene.

Por otra parte, nos había quedado en el análisis la cuestión de los gremios, que si es una cuestión diferente, Julio Piumato es un dirigente histórico y yo le tengo mucho respeto por su trabajo al frente del gremio Unión de Empleados Judiciales de la Nación; pero la verdad es que lo hemos conversado con él, y en este traspaso no han ningún derecho que se cercene ni se afecte, no se produce ningún tipo de menoscabo, de los que actualmente ejercen los trabajadores nacionales. Todo lo contrario, van a venir a trabajar en la Ciudad en mejores condiciones; con más acompañamiento en términos de subsidios, escolaridades y derechos adicionales a los básicos; van a equipararse con un sistema que tiene reconocimientos y plus por antigüedad en el cargo superiores a los que tiene Nación. En la Ciudad existe un convenio colectivo de trabajo en términos de garantía de los derechos de los trabajadores. Son amplias y concretas las diferencias que hay a favor de los trabajadores.

No obstante, hay una sola cuestión en la que se centra el foco que es la salarial, y es cierto que ahí todavía hay una pequeña diferencia a favor de Nación, al respecto de la Ciudad; pero usar el argumento de que eso generaría un detrimento para los traspasados es falso, cualquiera de nosotros sabe que de ninguna manera existe la posibilidad de reducir el sueldo a partir de modificar una cuestión de trabajo, lo prohíbe la ley. Entonces, lo que va a suceder es que se van a equiparar los niveles salariales de los empleados y funcionarios de la Ciudad al nivel que tiene actualmente Nación, como corresponde.

– ¿Hay presupuesto suficiente como para efectuar el traspaso a la órbita de la Ciudad de una manera rápida y eficiente?

– Sí, por supuesto. La Ciudad viene previendo esto desde hace mucho tiempo. Vale recordar que para las dos pequeñas etapas de transferencia anterior en materia penal que se hicieron, en ningún momento vinieron acompañadas de recursos. De hecho hay un reclamo pendiente contra la Nación, por todo lo que la Ciudad viene gastando desde hace años en materia de traspaso de competencias penales, que la Nación nunca reconoció en términos económicos y presupuestarios. No solamente nos venimos haciendo cargo de esa pequeña porción del Código Penal, que actualmente es competencia de la justicia de la Ciudad, sino que para esto que viene ahora se tomaron todos los recaudos del caso. Esto va a ser una negociación que va a llevar adelante los ministerios de Hacienda de la Nación y de la Ciudad; a nosotros luego nos tocará administrarlo, pero si estamos haciendo los deberes y hay un hecho concreto que se ha materializado en el mes de enero de este año, que es la compra de un inmueble por parte del Poder Judicial de la Ciudad, para ya ir previendo la infraestructura y preparándonos para hacer lo más ágil posible el proceso de traspaso. Luego dependerá efectivamente de los recursos de Nación, que responderá a una cuestión de técnicas financieras sobre cómo se compensan los fondos este año.

– ¿Cómo es la relación de los espacios políticos dentro del seno de la Magistratura?

– Tenemos una buena relación de convivencia y de respeto, es algo interesante de analizar porque son tres estamentos con lógicas plenamente diferentes: la de los jueces, la de los abogados y la de la política. Son lógicas diferentes y aún así se trabaja con un espíritu mancomunado del cuerpo, con toma de decisiones lo más plurales posibles en todo sentido. El rol de la presidencia es más de conducción y definición ágil en materia administrativa, pero la verdad es que la gran mayoría de las decisiones que se toman en este Consejo, se toman en el seno del plenario, por ende requieren de un dialogo, de un consenso, de una negociación y de un acuerdo. Es una experiencia muy interesante, y por supuesto que tiene que ver con las cualidades y calidades de las personas que la integran. Por otra parte, el hecho de que los estamentos no se renueven todos juntos – porque no se renuevan en la misma fecha- no es lo mejor, lo ideal sería que se cambie completamente el cuerpo y que durante 4 años gestionen las mismas personas los temas.

– ¿Las decisiones del Consejo se toman de manera independiente del Gobierno de turno? ¿Por qué?

– Sí, porque en primer lugar los que estamos aquí, aun en representación de la política –que son los 3 elegidos en representación de la Legislatura-, independientemente de nuestra pertenencia previa –porque tuvimos que renunciar a la filiación para poder ingresar al poder Judicial- , la verdad es que cuando uno llega a la responsabilidad de administrar un Poder Judicial desde un rol como el que tiene el Consejo de la Magistratura, naturalmente sería absurdo tomar decisiones en base a un color político. Acá uno tiene que hacer el esfuerzo para garantizar la independencia de la Justicia, para garantizar la prestación de un servicio cercano al vecino y que de respuesta de manera inmediata; para hacer estas cosas no hay que ponerse una camiseta partidaria, al contrario, hay que exigirle al color político gobernante que brinde las herramientas necesarias para que la justicia pueda funcionar de manera óptima.

– Más allá de su investidura, ¿qué opinión le merece la gestión del presidente de la Nación, Mauricio Macri?

– Creo que es un Gobierno que está poniendo mucho esfuerzo y voluntad en hacer las cosas bien; en devolverle a la Argentina un espacio razonable y racional de lo que tiene que ver con el contexto local, regional, continental y, por supuesto, en su proyección con el mundo. Nuestro país viene de periodos en los cuales eso no ha sucedido, o al menos así lo veo yo, y la realidad es que es un gran desafío y un cambio cultural muy grande el que propone. Además, este Gobierno se equivoca como todos nosotros y tal vez comete errores que todos desearíamos que no sucedan o que sucedan de la menor manera posible; a todos nos pasa, así que lo que habrá que hacer es aprender de esos errores para no volver a cometerlos.

En líneas generales, considero que se está llevando adelante una tarea muy valiente, porque sería mucho más fácil y menos comprometido seguir en la misma línea de cómo se venían dando las cosas en el último tiempo, y la verdad es que hay una voluntad de que la Argentina vuelva a pasar lo que tiene que pasar, lo que debe ser en términos de respeto por la ley, de la cultura del trabajo, de la educación como pilar central del crecimiento y desarrollo de cualquier pueblo, de generar condiciones de evolución y desarrollo que tengan que ver con inversión. No existen soluciones mágicas, y menos en el mundo en el que vivimos; creo que Macri está trabajando en este sentido.