La diputada nacional por la Coalición Cívica ARI Leonor Martínez Villada presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de recursos públicos con fines electorales, “garantizar el principio de la neutralidad de todos los departamentos de la administración pública”, al tiempo que prohíbe “el culto a la personalidad” con el objetivo de establecer una competencia “leal y equitativa” entre las fuerzas políticas.

La iniciativa legislativa está firmada también por las diputadas de la CC ARI, Alicia Terada por Chaco y Orieta Vera por Catamarca.

Se trata de una ley de 26 artículos que contempla sanciones que pueden llegar hasta la destitución para aquellos funcionarios que utilicen el Estado con fines partidarios y que contiene un Capítulo 2 en donde establece claras prohibiciones para los funcionarios, quiénes no podrán usar recursos públicos para el proceso electoral.

“Este proyecto de ley se apoya sobre sólidas experiencias, partiendo de una observación aguda y crítica de la realidad. Son innumerables los ejemplos en los cuales, los recursos pertenecientes a la administración pública son utilizados sin reservas para fines partidarios, políticos y personales de aquellos funcionarios públicos que detentan el poder”, explicó Martínez Villada y agregó: “Este proyecto propone una estructura clara, y precisa acerca de los principios necesarios que el ejercicio democrático del poder requiere a fin de garantizar la igualdad de armas y herramientas a los partidos políticos, determinando un esquema de prohibiciones de actividades sin distinción de rango y/o designación de funcionarios públicos y estableciendo las sanciones correspondientes para garantizar el estricto cumplimiento de la norma”.

“Usar el mismo color del partido para las obras públicas del distrito que se gobierna, ubicar el nombre de una autoridad destacándose en los carteles de anuncio por encima de la obra inaugurada, manipular empleados públicos para la realización de campañas electorales, el uso indiscriminado de la pauta oficial de forma tendenciosa, la difusión en los medios de grabaciones de propaganda con la voz del funcionario, o hasta incluso se ha visto la impresión del nombre propio de funcionarios a la folletería institucional de la repartición cuya administración le ha sido conferida”, son sólo algunos de los ejemplos destacados por la diputada, de casos que requieren un nuevo un marco regulatorio.

Finalmente, Martínez Villada explica que el artículo tercero de la ley entiende por neutralidad de la administración pública a “la irrestricta separación jurídica y material que debe observarse entre los bienes y actividades partidarias o proselitistas, con relación a quienes revistan a la vez la calidad de empleados o funcionarios públicos, cualquiera sea su rango o forma de designación y que tengan bajo la órbita de su influencia recursos humanos, económicos, financieros o logísticos de dominio público o privado del Estado, como también dependencias, reparticiones y oficinas públicas”.