Ante las advertencias oficiales de posibles medidas para poner límites a los piquetes, el bloque Peronismo para la Victoria presentó un proyecto de ley para “promover y proteger el derecho a la protesta social y las manifestaciones públicas que se realicen en todo el territorio de la República Argentina”.

Bajo el nombre de “Kosteki y Santillán”, quienes fueron asesinados por la policía en Avellaneda en 2002, la iniciativa de los legisladores que representan al Movimiento Evita en Diputados plantea tres ejes principales: resguardar el derecho a la protesta, la creación de una comisión bicameral de seguimiento, y criterios sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.

Durante una rueda de prensa en el Salón Pasos Perdidos, el diputado Leonardo Grosso aseguró que el proyecto “plantea la protección de un derecho básico” como es la protesta. “Estamos muy preocupados por la situación de la pobreza y exclusión”, agregó.

El jefe de la bancada señaló que “el Gobierno la única propuesta que está ensayando es la repuesta represiva. Y esa no es una salida y empeora las cosas. Está subiendo el tono”. “Esta ley tiene que ser una válvula de escape institucional, para evitar casos de represión”, continuó.

Por su parte, el referente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, se refirió a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien acusó de que “no se termina haciendo cargo de las consecuencias de los procedimientos” y “le gusta vender humo, le gusta el marketing”.

La propuesta indica que se deben disponer medidas en protección durante las manifestaciones, sobre todo para preservar a mujeres, niños, adolescentes y periodistas.

“El ejercicio del derecho a la protesta no deberá ser supeditado a la obtención de autorización previa por parte de las autoridades estatales”, establece en uno de sus artículos.

Además se exige que “el Estado garantice la presencia de servicios médicos y/u otras medidas sanitarias que sean necesarias durante la realización de la manifestación”.

En tanto, en el artículo 7, se dispone la prohibición de armas de fuego “para todo el personal policial que pudiera entrar en contacto directo con los manifestantes”. “El personal de la fuerza no dispondrá de municiones de poder letal”, añade.

Propone como autoridad de aplicación a una “Comisión Bicameral de Promoción, Protección y Seguimiento del Derecho a la Protesta Social, que tendrá el carácter de Comisión Permanente”, que esté compuesta por ocho senadores y ocho diputados.

Finalmente, en el artículo 11 hay otra exigencia polémica: se insta a declarar “la amnistía de todas las personas incursas en delitos cometidos a raíz del ejercicio del derecho a la protesta y a la manifestación pública, de acuerdo a lo prescripto en la presente ley y que fueran producidas a partir del 10 de diciembre del año 2001”.