El presidente Néstor Kirchner solicitaba al Congreso la intervención federal a Santiago del Estero, por medio de un proyecto de ley en el que fundamenta su decisión en haber comprobado un “grave deterioro institucional al que se ha llegado en esa provincia”.

La intervención debería extenderse a los tres poderes del Estado provincial por un lapso de 180 días, prorrogables por igual período. Cumplido los términos solicitados, el interventor debería convocar a elecciones de autoridades y proceder, de esta forma, a la normalización provincial.