Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Derechos y Garantías y de Presupuesto del Senado continuaron este miércoles con el tratamiento del proyecto de ley que crea un régimen de protección para víctimas de delitos.

El primer orador del panel de especialistas invitados fue Horacio Erbes, consejero del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, quien afirmó que el organismo está “en contra” de la iniciativa porque “se avanza en el ejercicio profesional”, y que a partir de la gratuidad de asistencia letrada “atacan al ejercicio de la abogacía”.

“Nos solidarizamos con las víctimas, todos somos objeto de ser víctimas. Pero la gratuidad la debe garantizar el Estado con las personas que no tengan los recursos suficientes”, sostuvo Erbes. Y agregó que “hay que ampliar presupuestos para que haya un sistema más efectivo y las causas no se demoren tanto tiempo; eso sería dar una respuesta a las víctimas, que los imputados tengan una condena”.

Por su parte, Malena Derdoy, titular de la Dirección de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas del Ministerio Público Fiscal, celebró el proyecto y dijo que la ley es “absolutamente necesaria”. “Dar visibilidad a la víctima en el proceso penal es imperativo”, expresó. Asimismo, consideró que la ley debe ser “integral” y de carácter “reparador”, y pidió que los profesionales tengan “especificidad” en los distintos delitos.

Pablo Rovatti, titular del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delito, manifestó que “garantizar una separación estricta entre la acusación y la defensa es una condición esencial de acceso a la justicia”.

En representación del Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima de Delito, el doctor Gonzalo Sansó señaló que desde el organismo “se necesita de esta ley como un respaldo para poder trabajar de una manera más ordenada, sistemática y con herramientas más concretas a la hora de pelear por los derechos de las víctimas que tratamos de representar todos los días”.

Sin embargo, advirtió que la ley tiene “problemas” respecto de “la cuestión operativa” que se aplica en cada provincia. “Esta ley peca de excesiva mano de abogados y nada habla de un sistema de protección. No prevé reparación para las víctimas, solo asistencia letrada. No habla de atención psicológica, acompañamiento”, resaltó.

Finalmente, la directora general de Asistencia Integral a la Víctima del Delito, Marcia Paula López, recomendó una ley que “refuerce y legitime las estructuras ya creadas en las provincias”. También propuso la especificad de los profesionales y la “capacitación constante”.

El tratamiento de la iniciativa continuará el próximo martes 4 de abril. El proyecto, que cuenta con media sanción de Diputados, es impulsado por familiares que integran el colectivo #ParaQueNoTePase y fue presentado por el bloque del Frente Renovador.

Entre sus puntos principales, instaura un régimen de protección del Estado a las víctimas de delitos, cuyo eje es la creación de centros de atención integral, como así también la garantía de una asistencia legal gratuita.