La historia de la restauración histórica

Por Juan Carlos Tomasetti. El experto habla del sistema jubilatorio nacional con soluciones parciales, de emergencia, de solidaridad grupal, y para el corto plazo.

Consideramos que en todo estudio del tema y formas de solucionar la problemática a resolver, deberían analizarse en profundidad los tres aspectos enunciados más adelante. No podemos permitirnos más acciones improvisadas de corto plazo y tampoco continuar transitando el estrecho y corto sendero de la solidaridad grupal limitada al presente, es una obligación de la sociedad toda, instaurar una plena solidaridad social y generacional, donde universalidad, integralidad e inmediatez, se cumplan razonablemente y con justicia.

I) Adoptar métodos (formulas, ecuaciones, índices) que expongan razonablemente la movilidad de haberes jubilatorios, cumplan con la Constitución Nacional y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en la materia. Herramientas matemáticas y estadísticas, simples y sofisticadas, aplicadas con conocimiento e imaginación, producto de estudios y evaluaciones de equipos interdisciplinarios especializados, aportaran métodos alternativos para lograr el objetivo, métodos que deberán definirse sobre bases férreamente sujetas a las condiciones, limitaciones y requisitos que impongan los dos aspectos, indicados a continuación.

En el registro actual de prestaciones pagadas por el sistema nacional, las hay otorgadas por leyes de contenido diferente en la determinación del haber original, cambios de denominaciones de las prestaciones y de requisitos en los cómputos y liquidaciones, regímenes diferenciales, regímenes complementarios, etc… A ese complicado rompecabezas, habría que agregar las transferencias al sistema nacional, de algunas cajas jubilatorias de provincias.

II) La instrumentación e implementación de movilidad en los haberes percibidos actualmente, diferenciada respecto de haberes por prestaciones a otorgarse en un futuro, con una fecha de corte en el tiempo que permita la diferente instrumentación con igual método y resultados. . La tecnología existente y la información que registran la Afip, el Anses, el Ministerio de Trabajo, y otras dependencias, facilitan la tarea de relevamiento de datos, para la instrumentación del método de movilidad que se adopte para la problemática específica de las prestaciones otorgadas hasta la fecha de corte. La acumulación en el tiempo de los montos por movilidad, podrían determinarse en intervalos de tiempo trimestrales o semestrales, acorde modificaciones salariales y luego establecerse un cronograma de liquidación y pago en base a parámetros e indicadores de la materia (edades, expectativas de vida, montos totales de movilidad acumulada, etc.) siempre ajustado al programa financiero aprobado.

La movilidad en haberes de prestaciones a otorgar a partir de corte, cuando proceda aplicarse (movilidad de salarios) podría implementarse en forma gradual en un plazo impostergable de dos o tres años.

Ambos casos ajustados a un programa financiero de transición, hasta la definición del sistema y fuentes de financiamiento y plena vigencia de movilidad de haberes.

Hemos escrito nuestras observaciones respecto de las debilidades y discrecionalidad de las variables utilizadas en la actual fórmula de actualización de la ley No 26417.

III) Establecer un financiamiento factible y sostenible en el mediano y largo plazo, es el problema difícil de resolver, pero es la base de sustentación de todo el programa de aplicación de la movilidad. Debemos evitar nuevas experiencias fallidas que causaron injusticia a quienes luego de muchos años de ahorrar parte de sus ingresos y restar calidad de vida presente, para que acumulados en un sistema de solidaridad social y generacional, mejorara su calidad de vida futura. Esa y otras causas, provocaron y provocan en la sociedad, una falta de vocación previsional y desincentivan incorporarse al sistema. Es hoy preocupante la cantidad de desocupados; de trabajadores informales; no registrados; registrados en jornadas reducidas y otros procederes legales o ilegales.

También es imprescindible definir en el largo plazo, el sistema de financiamiento y las fuentes de financiamiento, para la Seguridad Social en general y para el sistema de jubilaciones en particular, en un riguroso estudio actuarial y financiero de factibilidad y con un debate político e institucional para su aprobación como política de estado, en el marco de macro políticas de largo plazo. El sistema tributario, el régimen de coparticipación federal, el sistema nacional integrado de jubilaciones y pensiones, otros aspectos de las finanzas públicas nacionales, la legislación sobre derechos individuales y colectivos del trabajo y las políticas salariales, no deberán estar ausentes en las definiciones del tema. Las actuales fuentes de recursos resultan de fuentes tributarias, no tributarias, heterogéneas y transitorias, algunas constitucionalmente cuestionadas.

Es necesario evaluar todo el universo heterogéneo de regímenes jubilatorios grupales, para trabajadores provinciales, municipales, de las distintas profesiones universitarias en cada provincia, etc. y otros regímenes especiales, cuya existencia en el tiempo en la mayoría de los casos, no resisten sustentos actuariales y financieros.

Por último, nos parece válido, ratificar el concepto de movilidad de los haberes de jubilaciones y pensiones, garantizado en la Constitución Nacional de una redacción precisa (significación, contenido y objetivo) pero que es planteado de manera equivocada confundiéndolo con el acto de inflactar esos mismos haberes cuando su valor real sufrió el efecto de un incremento en el nivel general de precios de bienes y servicios.

En los principios básicos de la Seguridad Social, las prestaciones originadas por las contingencias de vejez, invalides y muerte, son conceptualmente, remuneraciones diferidas en razón de sus fuentes, y los valores de ellas (haberes) deben mantener una relación permanente al valor de las remuneraciones (salarios) que perciben quienes se encuentran prestando servicios en relación de dependencia, en el mismo, cargo, oficio o función.

Proporción (movilidad) que debe adecuar en forma periódica y automática, los haberes jubilatorios a los incrementos de las remuneraciones originadas por una política redistributiva de ingresos en o cualidades de mayor productividad, rendimiento, capacitación, etc. del trabajador.

Cuando hoy observamos los procedimientos, la tramitación y específicamente los resultados de la aplicación de la Ley N° 27260 (Dec N° 807/16 –N° 894/16- Resol AMSES N° 305 y 306) nada se ha avanzado en la dirección de los antes expuesto, al contrario es tal la -burocracia administrativa e informática- generada, que basta visitar las delegaciones de la ANSES a lo largo y ancho del país conversar con los beneficiarios que intentaron restaurar sus haberes y encontraremos los verdaderos resultados, de la historia de la “restauración histórica”.

El licenciado Juan Carlos Tomasetti fue profesor titular de la cátedra de Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.

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