La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, sostuvo que los decretos que firmó el presidente Mauricio Macri para regular los conflictos de intereses “fortalecen a las instituciones y aumentan la confianza pública de los ciudadanos”.

“Estamos hablando de otra época en la Argentina. De un fortalecimiento de las instituciones que no habíamos visto en años anteriores”, afirmó la funcionaria.

Alonso expuso un informe sobre los decretos que impulsó el Poder Ejecutivo Nacional durante la reunión de gabinete que el Presidente encabezó este martes por la mañana en la Casa de Gobierno.

“El jefe de Gabinete (Marcos Peña) me convocó para que le explique a los ministros qué significan estos dos decretos de integridad que firmó el presidente”, señaló Alonso en declaraciones a la prensa luego de la reunión.

Remarcó que el objetivo de esta normativa es “fomentar la transparencia en los procesos de contrataciones públicas y en los juicios contra el Estado”.

Sostuvo que “el espíritu de la decisión del Presidente es que no haya ninguna sospecha o duda por parte de ninguna persona de la Argentina de que los asuntos públicos de esta gestión se manejan con total transparencia”.

Destacó que los decretos “son dos avances importantes en materia de prevención de los conflictos de intereses”.

“Estuvimos con los ministros conversando y respondiendo algunas de sus preguntas para ayudarlos y asistirlos desde la OA a una implementación exitosa de estos nuevos mecanismos”, agregó.

Alonso explicó que “todas las personas o empresas que tengan vinculaciones familiares, de amistad o comerciales anteriores con los más altos funcionarios del Gobierno, incluido el Presidente, van a tener que hacer pública su declaración de vinculaciones”.

Apuntó que “esto va a disparar la publicidad total de los expedientes de contracciones públicas y de juicios y al mismo tiempo va a incorporar obligatoriamente la implementación de al menos un mecanismo de transparencia especial”.

Precisó que esas instancias podrían darse a través de una “una veeduría, un pacto de integridad, una audiencia pública o la realización de otro tipo de herramienta de transparencia y participación ciudadana”.

La titular de la OA señaló que “todas las personas tienen intereses, los funcionarios públicos los tienen, esto no es un delito”.

“Lo importante es transparentar esos intereses y establecer estos mecanismo. Cuando aparezca, por ejemplo, un empresario diciendo que tiene una amistad con un ministro, ese funcionario ya no va a poder estar a cargo de esa licitación y será otro el que lleve ese proceso”, indicó. Dijo que “los decretos aumentan la confianza pública de los ciudadanos con el Gobierno y la confianza de los inversores, cambia el clima absolutamente”.

Alonso puntualizó que la OA ha llevado adelante desde el 10 de diciembre del 2015 hasta ahora el análisis de alrededor de 240 casos “vinculados a incompatibilidades y potenciales conflictos de intereses”.

“Todos estos análisis han llevado a la realización de recomendaciones a los funcionarios, creo que la más conocida fue la hecha al ministro de Energía, Juan José Aranguren, para que se deshiciera, y así lo hizo, de las acciones que él tenía producto de su retiro de la empresa donde había trabajado antes”, recordó.

Agregó que también “se han analizado los casos del ministro (Nicolás) Dujovne, respecto de su consultora, y también se le hicieron recomendaciones y él ya no tiene vinculación con esa consultora”.

Sostuvo que “es importante mostrar también el cambio de tono, acá ningún funcionario está ocultando sus antecedentes”.

“Por el contrario, en muchos casos la OA actuó de oficio, estamos controlando día a día las nuevas designaciones en el Boletín Oficial y en otros casos se han presentado consultas de los propios funcionarios designados”, señaló. Indicó, además, que “en terceros casos hemos tomado informaciones periodísticas como fuente para iniciar nuestra propio análisis”.