Los últimos datos publicados por el INDEC, ubican al Gran Córdoba a la cabeza del país en cuanto a cantidad de personas consideradas “indigentes”. Los índices sociales conocidos hace horas producen estremecimiento, máxime si se piensa que detrás de los fríos números estadísticos hay personas, cordobeses que la están pasando mal.

La media nacional de pobreza es, siguiendo el Informe, del 30,3 por ciento de la población argentina en el segundo semestre del año pasado; es decir que alrededor de 8,2 millones de personas no alcanzan con sus ingresos a cubrir la Canasta Básica Total.

Pero lo preocupante de la información suministrada por el organismo oficial es que el Gran Córdoba, donde habitan alrededor de 1,5 millones de personas, registra el escalofriante número de 618 mil pobres: un 40,5 por ciento de la población, diez puntos arriba de la media nacional.

Según el INDEC, Córdoba Capital y alrededores tiene el cuarto peor registro del país, detrás de Santiago del Estero, Concordia y San Juan.

Aunque lo que más nos debe llamar a la reflexión a la hora de analizar las políticas oficiales tendientes a corregir tanta inequidad, es que el 10 por ciento, ni más ni menos que 150 mil personas, hoy no puede alimentarse debidamente y no llega a cubrir una canasta calórica mínima. Es decir, son indigentes.

Y aquí me quiero detener en la definición formal de la indigencia, de lo que se llama en estadística “línea de indigencia”. Se trata de aquellos hogares cuyos ingresos no llegan a cubrir una canasta básica de alimentos, con lo cual no pueden satisfacer un umbral mínimo de necesidades proteicas y energéticas.

Se pueden tejer distintas hipótesis, desde errores en la ponderación, hasta el hecho –para nada novedoso- de la carestía de la vida en Córdoba respecto a otras regiones de la Argentina. Y aquí aparecerán explicaciones de orden económico, haciendo eje en el “costo Córdoba” a partir de la presión de los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos. Pero, en la emergencia, lo que se debe discutir es cómo paliar de manera urgente esta situación explosiva que no se condice con el crecimiento del producto geográfico registrado en la última década en la provincia.

Esta vez, y tras la difusión de semejantes índices, que para nada puede poner orgullosa a ninguna gestión, desde el Gobierno de la provincia de Córdoba no se escuchó a ningún funcionario lanzar diatribas acusando la mala intención del Gobierno nacional. Me da la impresión que los argumentos, recurrentes, a los que se apelaba en otros años (ataques de la Nación hacia los cordobeses; discriminación al momento de la distribución de recursos, etc., etc.) ya se agotaron. Tampoco se escuchó la muletilla de la “pesada herencia”: es difícil esta excusa, en una provincia gobernada por la misma fuerza política desde 1999…

Sí, cuando se cumpla el actual mandato, Unión por Córdoba habrá llegado al récord de 20 años consecutivos en el poder. Los suficientes como para que las autoridades se pregunten qué hacer para revertir esta realidad, la más pesada de las hipotecas para las futuras generaciones de cordobeses.