Piden mayor atención a las víctimas de violencia de género

Pese a la sanción de la normativa que establece la creación de un Centro Integral de la Mujer (CIM) por comuna, actualmente solo funcionan 7 en toda la Ciudad, motivo por el cual la oposición le exigió al oficialismo mayor compromiso en el área.

Pese a que el 3 de diciembre el 2015 el cuerpo de diputados de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley 5466 que estipulaba la creación de un Centro Integral de la Mujer (CIM) por comuna, en la actualidad solamente funcionan 7 en todo el distrito.

De esta manera, la norma sostiene que se debe “garantizar 1 CIM cada 50 mil mujeres por Comuna” y afirma que “los centros integrales de atención se ocuparán de la atención, el seguimiento y la recuperación de la víctima, ofreciendo un espacio de seguridad y un tratamiento integral sobre los orígenes de la violencia sufrida y la reparación de los daños que la violencia les hubiere generado”. La iniciativa se había aprobado con 58 votos positivos y la habían impulsado la exdiputada del FpV Claudia Neira y por el presidente del bloque FIT, Marcelo Ramal.

Existen hasta el momento solamente 7 centros de atención: dos en la Comuna 1 y la 3, y uno en las comunas 5,8 y 11. No obstante, en la apertura del nuevo año parlamentario el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que para 2019 habrá al menos 1 CIM en cada una.

“Tenemos el compromiso de erradicar la cultura machista que se está llevando la vida de nuestras hijas, de nuestras hermanas, de nuestras madres”, había señalado Rodríguez Larreta.

Por su parte, la ministra de Hábitat, Guadalupe Tagliaferri, explicó que los CIM “son el dispositivo de atención de la violencia doméstica y sexual en el territorio, que buscan acercar respuestas, orientación y asistencia a las mujeres de manera directa” y agregó que “las mujeres que llegan a los CIM son atendidas por un equipo interdisciplinario (psicólogo, abogado y trabajador social) que evalúa cada caso y elabora una estrategia adecuada de abordaje”. Además, destacó que “en los centros se cuenta con atención psicológica individual, grupal, asesoramiento y patrocinio jurídico, y un área de atención social”.

Cabe destacar que según lo establecido en el Presupuesto 2017, la Dirección General de la Mujer recibirá este año $ 140.364.534, lo que significa un incremento del 20% con respecto al 2016.

La falta de CIM en la Ciudad es un reclamo constante al Pro por parte de la oposición, ya que consideran que ante el incremento de femicidios -que ocurren 1 cada 18 horas, según informó Instituto de Políticas de Género Wanda Taddei- , el Estado debe “aportar todas las herramientas y recursos disponibles para la lucha contra la violencia de género”.

De esta manera -pese a los alarmantes índices de violencia de género y femicidios-, en el Palacio Legislativo porteño se recibieron solamente 2 propuestas vinculadas a la protección de las víctimas, una de ellas del FIT y la otra del FpV.

Licencias por violencia de género, la clave de la recuperación

En este sentido se expresó Ramal, quien aseguró que “la violencia de género constituye una de las violaciones a los derechos humanos más frecuentes y sistemáticas; ella no encuentra su fundamento solo en un problema de género; el tipo de organización social regido por el capital favorece esta extrema violencia y un mayor grado de explotación hacia las mujeres”; motivo por el cual presentó junto a su compañera de bloque Laura Marrone una iniciativa mediante la cual solicitan que se incorpore al artículo 16º de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la CABA, el inciso “0.Licencia laboral por violencia de género”.

De esta manera, la propuesta prevé que la licencia será con goce de sueldo y añade que “el personal del GCBA, cualquiera sea su situación de revista, podrá solicitar dicha licencia con la sola presentación de un certificado emitido por los Centros de Salud o Centros de asistencia y atención a la víctima del ámbito público”.

Asimismo, estipula que “el plazo mínimo de días de licencia con goce de haberes no será menor a 90 días corridos; y en caso de ser necesaria una prórroga de la misma, se solicitará mediante un certificado emitido por persona médico o de atención de los centros de salud y de asistencia a la víctima del ámbito público”.

Además, el texto de la normativa indica que una vez que el damnificado acceda a la licencia, “el Gobierno de la Ciudad deberá poner a disposición un equipo interdisciplinario de profesionales que asistan el caso y que deberán hacer un seguimiento de la evolución de víctima, a la cual brindarán atención y contención para preservar su salud física, psíquica y emocional y para su recuperación en estos aspectos”; y especifica que “en caso de ser necesario la persona podrá solicitar el traslado –provisorio o definitivo- de lugar de trabajo, a otra dependencia del ámbito de la Ciudad, con la finalidad de resguardar su integridad y seguridad”.

Soluciones habitacionales para las victimas

Por otra parte, la diputada del FpV Andrea Conde explicó que “de acuerdo a los datos relevados por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en el primer semestre de 2016, se recibieron en promedio una denuncia por agresiones a mujeres en la Ciudad cada 30 minutos, y de cada dos casos que investiga un/a fiscal, uno corresponde a violencia de género” y añadió que “este estudio registró 8572 víctimas que radicaron denuncias, lo que refleja un incremento del 25% respecto del mismo período del año 2015”.

Por estas razones, la kirchnerista impulsó un proyecto de ley, mediante el cual busca “desarrollar medidas que faciliten el acceso a una solución habitacional a mujeres que se encuentran en una situación de violencia de género” dado que “el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a una vivienda definitiva a todas las mujeres, en igualdad de condiciones”.

De esta manera, la normativa establece que las destinatarias son “mujeres mayores de edad o emancipadas en situación de violencia de género -según los tipos y modalidades contemplados en la Ley Nº 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales- sin distinción de etnia, discapacidad e identidad”.

Es así que para acceder a los beneficios que prevé la normativa, las mujeres deben acreditar “mediante cualquier tipo de certificación –ya sea de organismo público o privado- haber recibido atención en virtud de una situación de violencia de género” y “demostrar ingresos que permitan establecer una relación con el monto mensual de alquiler”. Asimismo, el texto detalla que “se consideran prioritarios los casos en los que la mujer cohabite con el agresor y/o en un contexto socio familiar donde la mujer se encuentre en situación de riesgo”.

Además, estipula la creación de un subsidio destinado a brindar alternativas habitaciones transitorias para mujeres en situación de violencia de género, a fin de solventar los gastos de acceso a un contrato de locación de vivienda urbana en el distrito capitalino.

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