El Colegio de Abogados rechazó pedido de juicio político contra Gils Carbó

Fue ante el pedido de profesionales que responden a Daniel Angelici que reclamaron el enjuiciamiento de la procuradora General de la Nación, “por mal desempeño en sus funciones”.

El titular del Colegio de Público de Aboagados de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo, rechazó el pedido de juicio político contra la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, al considerar que “no existe la figura” para impulsar tal proceso contra esa investidura.

A través de un comunicado, Rizzo señaló que “no existe la figura del juicio político para procuradores en el ordenamiento federal. En efecto, el mismo no ha sido contemplado por nuestra Constitución Nacional sino que se ha determinado un procedimiento especial que establece la Ley 24.946; de allí que lo solicitado es de imposible cumplimiento”.

El pedido había sido impulsado por un sector que responde al vicepresidente del Colegio, Daniel Angelici, que solicitaron que esa entidad “promueva públicamente” ante la Cámara de Diputados el juicio político a la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, “por mal desempeño en sus funciones”.

En su respuesta, Rizzo aclaró a los asambleístas que seguramente “confunden los dictados de nuestra Constitución Nacional, con los sistemas de remoción de jueces y magistrados que prevé el Estatuto Organizativo de las Instituciones de la Ciudad; sistema en el que “sí” existen las figuras a las que hacen mención”.

En el mismo sentido se expresó respecto al pedido de acelerar el proceso de juicio político contra el integrante de la Cámara Federal Eduardo Freiler, también por “mal desempeño en sus funciones”. Rizzo señaló que “seguramente los colegas se referirán al jury de enjuiciamiento que determina el artículo 115 de la Constitución Nacional Reformada en 1994. Si de ello se tratase, se invita a los firmantes a formular el pedido pertinente ante la Comisión”.

Finalmente, el jefe del organismo evitó también tratar el traspaso de la justicia ordinaria a la competencia de la Ciudad de Buenos Aires, recientemente ratificada por la Legislatura porteña. “Se trata de una cuestión meramente política en la que los interesados son los gobiernos Nacional y de la Ciudad, los poderes judiciales de ambas competencias, los magistrados, gremios y, los trabajadores de dichas dependencias públicas”, indicó en el comunicado.

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