El presidente de PSA y miembro de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura porteña, Adrián Camps, cuestionó duramente el programa BA Elige – un sistema para que los propongan y voten de manera electrónica y telefónica, proyectos para realizar en sus barrios- y afirmó que “la única participación que permite el Pro es la que se da en forma directa entre el Ejecutivo y los porteños”.

En este sentido, Camps aseguró que “nuestra Constitución ya establece mecanismos de participación, que deben ser canalizados a través de las Comunas – Juntas Comunales y Consejos Consultivos-; esto viene a pasarles por arriba” dado que “buscan establecer un mecanismo directo a través de un sistema que no tiene ninguna validez, que no está previsto en nuestro sistema institucional y no cuenta con ningún tipo de control”.

Cabe recordar que en el Palacio Legislativo porteño, no avanza la sanción de la ley de Presupuesto Participativo Comunal, que fue discutida durante todo el año pasado, con participación de legisladores de todos los bloques parlamentarios, comuneros e integrantes de los distintos Consejos Consultivos y con reuniones en todas las Comunas entre los diputados de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana y los vecinos.

“El Pro nunca estuvo de acuerdo con las Comunas; incluso presentó una ley para modificar la normativa vigente al respecto, y hace todo lo posible para que no funcionen, pese a que gobierna las 15 comunas porteñas”, consideró y añadió que “se dan casos paradigmáticos donde los propios comuneros oficialistas salen a protestar cuando se aplican mecanismos como el BA Elige, porque los están ninguneando a ellos también”.

Sobre esta misma línea, destacó que “se termina generando en la población la idea de que los comuneros no trabajan y que las Comunas no sirven para nada, porque no logran resolver los problemas del barrio y de los vecinos” y aseveró que “es muy difícil cuando el Ejecutivo te quita competencias, no te da los recursos y, encima, inventa mecanismos de participación ciudadana paralelos a los cuales les destina 500 millones de pesos”.

“Acá hay una actitud deliberada del Gobierno porteño para generar mecanismos de participación por fuera de las Comunas, y un riesgo de que sea una caja paralela, porque al ser electrónico y no haber control ni fiscalización alguna, basta con poner a un grupo organizado para que vote en determinado sentido y direccionar una elección”, finalizó.