Comenzará a debatirse el límite a la libertad de los violadores y se retomará la discusión sobre la ley de protección de víctimas del delito.
El Senado tratará este martes en comisiones dos proyectos de ley ligados a la inseguridad: la ley de protección a las víctimas del delito, impulsada por el colectivo #ParaQueNoTePase, y el límite a la libertad de los violadores, a través de un nuevo régimen de excarcelaciones.
La ley de víctimas será debatida en primer lugar en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda, que vienen desarrollando rondas de consultas con especialistas y familiares.
En esta oportunidad, en el Salón Illia expondrán Fernando Díaz Cantón –abogado y docente de la UBA-; Raquel Asensio –miembro del Ministerio Público de la Defensa-; y Carolina Píparo –baleada por “motochorros” en una recordada salidera bancaria en 2010-.
También disertarán Matías Bagnato -sobreviviente de la masacre de Flores en 1994-; Consuelo Fraga –de la ONG “Víctimas por la paz”; y Emmanuel Terrón –cuyo hermano fue asesinado en Avellaneda el año pasado-.
El proyecto, que ya fue aprobado en Diputados, apunta a que el Estado garantice la atención integral de las víctimas, que además contarían con patrocinio legal gratuito, aunque oficialismo y oposición trabajan en cambios al texto original, lo que retrasaría la sanción de la ley.
Por otra parte, una vez terminado este debate, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales considerará otro proyecto de ley en revisión que modifica la Ley 24.660, el cual contempla un nuevo régimen de excarcelaciones.
La iniciativa prohíbe las salidas transitorias y libertad condicional a los autores de delitos graves, y establece que los jueces deberán cumplir un protocolo para liberar a los imputados cuando se encuentre en peligro la víctima del delito.
Asimismo, los jueces deberían evaluar el historial criminal completo, los informes médicos y psicológicos actualizados, y la opinión de las víctimas, entre otros elementos determinantes, antes de conceder la excarcelación.
Además, se propone la creación de un registro nacional donde cada juez deberá ingresar y actualizar las detenciones, libertades, rebeldías, fugas y capturas, lo cual le permitiría al Poder Judicial saber cuántas personas están realmente presas y cuántas son buscadas por las autoridades.
