La Bicameral que debe proponer al candidato recibirá este martes al funcionario a cargo del organismo. Oficialismo y oposición no lograron llegar a un acuerdo el año pasado y el puesto permanece vacante desde 2009.
El Congreso retomará este martes el debate por la designación del defensor del Pueblo, un cargo que permanece vacante desde 2009 y que no pudo cubrirse el año pasado a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia que así lo dispuso.
La Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, que preside la senadora Marta Varela (Pro) se reunirá desde las 11 en el Salón Illia de la Cámara alta para escuchar a Juan José Böckel, el funcionario que actualmente está a cargo del organismo.
En agosto de 2016, el Máximo Tribunal ordenó al Congreso nombrar al defensor del Pueblo –el último fue Eduardo Mondino-, en el mismo fallo en que declaró nulo el aumento en las tarifas de gas para usuarios residenciales.
Desde ese entonces se reactivó la comisión encargada de proponer al candidato, pero la falta de acuerdo entre Cambiemos y la oposición –sobre todo, el peronismo- hizo fracasar los intentos, en medio de una numerosa danza de nombres.
En el justicialismo sonó fuerte el nombre del exdiputado Humberto Roggero, pero también hay otros anotados: la legisladora porteña Graciela Ocaña; el fiscal José María Campagnoli; el defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor; y Héctor Polino, de la organización Consumidores Libres, entre otros.
El principal obstáculo reside en que, de acuerdo a la Constitución Nacional, la designación –al igual que la remoción- debe realizarse con el voto de los dos tercios de los miembros presentes en cada cámara, por lo que el respaldo de los bloques de la oposición es un requisito excluyente.
De acuerdo al artículo 86 de la Carta Magna, “el defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad”.
Su misión es “la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas”.
