Sin consenso, Asuntos Constitucionales debatió sobre una reforma a la Ley de Fueros

La comisión de la Cámara baja postergó la firma del dictamen para la próxima reunión. Las iniciativas presentadas buscan facilitar los allanamientos dispuestos por la Justicia en propiedades de legisladores.

La Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados avanzó en el debate de una reforma a la Ley de Fueros, pero no pudo dictaminar por la falta de consenso entre las distintas iniciativas que proponen facilitar los allanamientos en propiedades de legisladores como parte de una causa judicial.

El presidente del cuerpo, Pablo Tonelli (Pro), recordó que el artículo 16 de la Constitución Nacional “prohíbe los fueros personales y los títulos de nobleza” y que “a lo largo de la historia se suscitaron diversos debates” al respecto.

El macrista destacó que en la ley 25.320 “quedó establecido, en esencia, que -un legislador- puede ser sometido a proceso penal y la única limitación que hay frente al proceso penal es la imposibilidad de arrestar, o conducir por la fuerza a un legislador. Pero los procesos penales pueden avanzar hasta su conclusión”.

El proyecto del oficialismo, presentado por los diputados Nicolás Massot y Silvia Lospennato (Pro), busca eliminar el último párrafo del artículo 1° de la ley, el cual indica que “no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”. En este sentido, Tonelli señaló que “es un exceso reglamentario”.

Por el FpV-PJ, el legislador Luis Cigogna consideró que el régimen actual es “absolutamente legítimo” y “no hay un exceso”. “Lo que ha hecho es explicitar lo que está implícito en el texto de la Constitución. No solo la inmunidad de arresto sino lo que impide el allanamiento y la intercepción de comunicaciones”, sostuvo.

En tanto, el radical Jorge D’Agostino pidió “ajustar el nivel de redacción” en el texto consensuado y dijo que “modificar el procedimiento no hace a la cuestión de fondo” porque “conceptualmente ambas inmunidades van a estar defendidas”.

Autora de una de las iniciativas, Lospennato coincidió con Tonelli en el “exceso reglamentario” de la ley vigente. “Todos conocemos la importancia que tienen los fueros. Sería inconstitucional eliminarlos. No planteamos que hay que avanzar en contra de lo que dice la Constitución”, afirmó.

Y agregó: “Si creemos que hay jueces que podrían hacer un abuso de sus facultades para coartar las libertades de los legisladores, los tenemos que denunciar ante el Consejo de la Magistratura”.

Además, la secretaria parlamentaria del bloque Pro planteó una modificación para que la solicitud de desafuero sea tratada por la Cámara en un plazo de 30 días, y no de 180 como está establecido actualmente.

“Los ciudadanos están esperando que los legisladores seamos los primeros que estemos a disposición y cumplamos con la ley”, cerró la diputada.

A su turno, la radical Carla Carrizo señaló que hay que “empezar a hablar de un régimen de inmunidad parlamentaria”, ya que la ley 25.320 también “ancla la inmunidad” para funcionarios del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

En defensa de la iniciativa de la jefa del FR, Graciela Camaño, expuso la legisladora Mónica Litza. El proyecto del massismo elimina la autorización del cuerpo para el allanamiento, pero sí requiere una notificación del juez al presidente de la Cámara; y dispone que el presidente quedaría obligado a guardar reserva respecto del inminente allanamiento. “Corresponde avisar al presidente de la Cámara por una cuestión de respeto entre poderes y no que sea hecho de una manera intempestiva”, justificó Litza.

El Frente para la Victoria expresó su rechazo basándose en que un legislador puede quedar sujeto a los “abusos” del juez de turno. El diputado Marcos Cleri mencionó que “esta ley tuvo amplia mayoría en un momento en que Argentina tenía una terrible crisis de representatividad”. Mientras que Eduardo “Wado” de Pedro preguntó a los legisladores oficialistas “¿Qué intención tienen con este proyecto?” y acusó: “Tiene destinarios directos”. La discusión por la Ley de Fueros comenzó a raíz de la situación judicial complicada del exministro de Planificación y actual diputado, Julio De Vido.

Al considerar que “hay mayoría de opiniones en la atenuación del último párrafo del artículo 1”, Tonelli fijó la vuelta de los proyectos a asesores, con la intención de alcanzar un texto consensuado.

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