Ricardo Alfonsín, Miguel Bazze y Karina Banfi salieron a responder con propuestas de ley a la utilización de la propaganda partidaria que se realizó en distintos municipios bonaerenses.
Los diputados nacionales por la UCR Ricardo Alfonsín, Miguel Bazze y Karina Banfi, los tres de la provincia de Buenos Aires, presentaron proyectos de ley para prohibir casos como el ploteo de patrulleros realizado en los municipios de La Matanza, José C. Paz y Vicente López, que despertaron una gran polémica.
El proyecto de Alfonsín prohíbe que los anuncios públicos en los medios, los carteles de anuncios de obras, vehículos y campañas informativas identifiquen con imágenes o voces al funcionario de la administración que realiza el anuncio.
En caso de incumplimiento, se plantea que cualquier ciudadano pueda realizar la denuncia ante el fiscal competente, y el juez debería ordenar la inmediata suspensión del aviso en infracción.
“Hay que impedir de una vez por todas actos de propaganda reñidos con valores elementales de la República”, advirtió Alfonsín.
En la misma sintonía, la iniciativa de Bazze modifica la Ley 25.188 de Ética Pública impidiendo a los funcionarios “la utilización de bienes públicos para realizar publicidad en beneficio personal o de partidos políticos”, lo cual sería tipificado como delito.
Las penas que propone el radical van desde la inhabilitación especial de uno a cinco años hasta la prisión de uno a cuatro años.
“El proyecto de ley impide la exhibición de nombres y apellidos de funcionarios o dirigentes o agrupaciones políticas en muebles o inmuebles del Estado, y su utilización en la designación de programas o planes de gobierno”, explicó el radical bonaerense.
Por su parte, Banfi –especialista en temas de transparencia- tiene presentado desde noviembre pasado un proyecto de regulación del régimen de publicidad oficial donde se establecen las características que debe tener la pauta oficial, así como los propósitos a los que ésta debe responder, y se introducen limitaciones respecto de los contenidos.
Una de las imposibilidades planteadas por la iniciativa es, tal como plantean Bazze y Alfonsín, incluir la imagen o cualquier elemento que identifique a un funcionario público en los bienes o campañas del Estado.
“Esta situación constituye el uso inapropiado del dinero público para publicidad oficial. A través del ploteo de los móviles policiales se ha incurrido en la promoción de una funcionaria pública, algo que resulta inadmisible”, lamentó Banfi.
La legisladora se refirió así a los móviles pintados con el nombre de la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, aunque luego de conocieron también otros casos similares, como los de Mario Ishii en José C. Paz y Jorge Macri en Vicente López.
