Ante la convocatoria por parte de una comisión bicameral para interrogarla sobre supuestas irregularidades, la procuradora general de la Nación entregó este viernes documentación en la que afirma que ante los primeros indicios de irregularidades adoptó medidas para esclarecer los hechos.
Convocada por el Congreso de la Nación para brindar explicaciones sobre las supuestas irregularidades por la compra sospechosa de un inmueble, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aprovechó este viernes su paso por la Cámara de Diputados para dejarle a la presidenta de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, Graciela Camaño, una nota expresando su postura sobre la denuncia por la compra sospechosa de un inmueble en la calle Juan D. Perón 667, causa que tramite el juez Julián Ercolini.
El informe de la procuradora, al que parlamentario.com pudo acceder, está conformado por 5 cuerpos con un total de 1031 fojas, dividido en tres anexos documentales, con copia de todas las actuaciones en las que se formalizó la propiedad en cuestión. En su primera parte, Gils Carbó detalla las razones institucionales que motivaron la compra del inmueble en cuestión y su funcionalidad en la actualidad.
Luego explica los pasos administrativos que culminaron con la incorporación de la propiedad al patrimonio del Ministerio Público Fiscal, describiendo las medidas tomadas por la Procuración General una vez conocida la existencia de eventuales irregularidades, y posteriormente formula consideraciones sobre el funcionario presumiblemente involucrado en la cuestión.
Respecto del accionar de la Procuración ante la información periodística de la presunta existencia de irregularidades, Gils Carbó precisó haber ordenado la urgente solicitud al titular de la Secretaría General de Administración de amplios informes respecto del tema.
Detalla el informe que luego de que los tres primeros procedimientos fracasaran por distintas razones, fue en el cuarto trámite donde se logró “ese cometido institucional” satisfactoriamente, en tanto “mediante un procedimiento que contó con la intervención de todos los órganos de control internos y externos competentes, se alcanzó la adquisición de un inmueble con las características técnicas buscadas y a un valor inferior al precio de mercado”.
Sostiene el informe de Gils Carbó que “las investigaciones en curso demostrarán si un eventual uso indebido de información privilegiada para ostentar una aparente influencia generó un beneficio personal en desmedro de la transparencia de la administración del organismo”.
“Es así que, tras el primer indicio acerca de la existencia de tal irregularidad, esta Procuración General tomó todas las medidas a su alcance para un pronto y eficaz esclarecimiento de los hechos”, concluye el informe presentado este viernes.
