A ocho meses del fallo de la Corte Suprema que ordenó designar al defensor del Pueblo, el cargo sigue vacante y oficialismo y oposición no logran acercar posiciones. Hay una docena de candidaturas formales, y la bicameral respectiva prefirió priorizar la conformación del Comité para la Prevención de la Tortura.
Por Carolina Ramos
Si hubiera que utilizar un número para hablar hoy del defensor del Pueblo, ése sería el 8. Ocho años atravesó la Argentina con ese cargo vacante, y ocho meses pasaron desde que la Corte Suprema de Justicia, en un fallo de impacto social pero también político, ordenó al Congreso saldar esa deuda. Fue en agosto del año pasado, cuando el Máximo Tribunal anuló los “tarifazos” del gas. Desde entonces, poco cambió: abundan candidatos, pero falta acuerdo.
La Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo se conformó pocos días después del fallo supremo, con siete diputados y siete senadores. Sin embargo, los acuerdos están más que trabados y hay pocas señales de maduración. Hay una docena de postulaciones formales para todos los gustos, y si bien algunos nombres ya pican en punta, Cambiemos está obligado a llegar a un entendimiento con el peronismo.
“Existe la voluntad política, pero faltan los consensos. Yo creo que los años pasados no hubo ni siquiera voluntad política. En este momento la hay: se está avanzando con los nombres presentados, todos muy respetables, y creo que se van a presentar algunos más”, señaló a parlamentario.com la presidenta de la comisión, la senadora macrista Marta Varela.
El artículo 86 de la Constitución Nacional, incorporado en 1994, es claro: para designar al defensor del Pueblo se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en cada cámara. Si hubiera asistencia perfecta en ambas, eso significaría que en Diputados se requieren 172 adhesiones, y en el Senado, 48.
Dos datos. En la Cámara alta, el bloque del PJ-Frente para la Victoria –con sus divisiones internas, claro está- tiene por sí solo 38 integrantes. Y en Diputados, los bloques de Sergio Massa y Diego Bossio suman juntos 55 miembros: ni siquiera con el apoyo completo de ambas bancadas, Cambiemos -con 86 escaños- alcanzaría la mayoría necesaria.
La propia bicameral es una muestra de la fragmentación del Congreso: hay dos representantes macristas -Soledad Martínez y Cornelia Schmidt-Liermann-, tres radicales -Daniel Kroneberger, Juan Carlos Marino y Susana Toledo-, dos del Movimiento Evita -Juan Manuel Abal Medina y Teresita Luna-, tres cristinistas -Diana Conti, Juliana Di Tullio y María de los Ángeles Sacnun-, una massista -Graciela Camaño-, el peronista sanjuanino Roberto Basualdo y la misionera Sandra Giménez.
“Es un tema difícil, pero no imposible. Insisto: existe la voluntad política para llegar a buen puerto”, repitió Varela ante la consulta de este medio, tras la última reunión de la comisión, donde expuso por segunda vez el defensor adjunto, Juan José Böckel. El año pasado lo hicieron Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos, y Francisco Mugnolo, procurador penitenciario.
El candidato que suena fuerte para ocupar el preciado sillón es Humberto Roggero. Hombre de reconocida trayectoria y militancia en el peronismo, con cuatro mandatos de diputado nacional sobre sus espaldas y un paso por la Embajada en Italia, fue propuesto por el jefe del bloque peronista, Miguel Pichetto, y también por Basualdo. Es cordobés, al igual que Eduardo Mondino, el último ombudsman, quien renunció en 2009.
Otros candidatos de renombre (Ver listado completo) son la legisladora porteña Graciela Ocaña y José María Campagnoli. La “hormiguita” fue lanzada desde el Pro, y el fiscal, por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Pero estas propuestas de Cambiemos corren con menos chances. Ocaña es impulsora de causas de corrupción contra la gestión anterior, y Campagnoli mantuvo también un recordado enfrentamiento con el kirchnerismo.
En el peronismo también irrumpió, de manera sorpresiva, la figura del economista mediático Matías Tombolini, promovido por el santafesino Omar Perotti, mientras que el salteño Rodolfo Urtubey pidió por Alejandro Amor, actual defensor del Pueblo de la Ciudad. El socialismo propone a Héctor Polino, de la ONG Consumidores Libres, y un acuerdo tripartito entre el Frente Renovador, el GEN y Libres del Sur postula a Manuel Garrido, exfiscal anticorrupción.
El Movimiento Evita quiere al diputado Remo Carlotto como nuevo ombudsman, y el excanciller Jorge Taiana también se anotó en esa carrera. Cierran la lista de candidatos la exlegisladora porteña María José Lubertino, la exministra de Educación del menemismo Susana Decibe, y José “Conde” Ramos, exdiputado nacional, apadrinado por Fernando “Pino” Solanas.
Al abanico de opciones se suma otro factor determinante. Faltan dos meses para el cierre de listas para las PASO y al oficialismo le cuesta más que nunca abrir los recintos para tratar cualquier proyecto de menor envergadura. Legisladores de uno y otro lado cuidan sus movimientos al extremo, y es inevitable pensar en la ventaja o desventaja electoral de cada discusión. En poco tiempo será peor: con el avance de la campaña, los legisladores priorizan la presencia en sus territorios y relegan la tarea parlamentaria, como sucede cada bienio.
Una función esencial
¿Cuál es la misión del defensor del Pueblo? “La defensa y protección de los Derechos Humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas”. En este sentido, el ombudsman está habilitado para interponer recursos de amparo.
El artículo 14 de la Ley 24.284 es más específico. Dice que “el defensor del Pueblo puede iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la administración pública nacional y sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquellos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos”.
Los requisitos para ocupar el cargo, de acuerdo a la ley citada, son mínimos: ser argentino nativo o por opción, y tener 30 años de edad como piso. Su función es incompatible con la de cualquier otra actividad, ya sea político-partidaria, comercial o profesional. Dura en su cargo por cinco años, y puede ser reelecto por el mismo período.
Otras características del defensor: tiene legitimidad procesal, actúa “con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad”, y no puede ser arrestado, salvo que sea sorprendido “in fraganti” en la ejecución de un delito doloso.
El Comité contra la Tortura
Mientras el debate sigue empantanado, la bicameral optó por abocarse a otra de sus tres competencias. Es que además de participar en la selección del defensor del Pueblo y del procurador penitenciario –otra institución de relevancia-, la comisión debe coordinar, por mandato de la Ley 26.827, el procedimiento de conformación del Comité Nacional para Prevención de la Tortura.
“El proceso ya está en marcha y esto sí que ya no se va a poder frenar, porque hemos mandado una convocatoria de inscripción a todas las ONGs”, resaltó Varela. El Gobierno se presentará en Suiza a fin de mes para comprometer ante la ONU la activación del organismo. El protocolo fue ratificado por la Argentina en 2004 y el kirchnerismo sancionó la ley correspondiente recién a fines de 2012, aunque luego “planchó” su instrumentación.
El comité debe integrarse por tres representantes de organizaciones no gubernamentales, seis a propuesta de los legisladores, un miembro por la Secretaría de Derechos Humanos, el procurador penitenciario y dos por los mecanismos locales. El período de presentación de candidatos representantes de las ONGs finaliza a fin de mes y luego Varela deberá convocar a una audiencia pública para avanzar con la designación de todos los miembros. ¿Se logrará antes de las elecciones?
Los candidatos a defensor del Pueblo
Humberto Roggero (dirigente peronista, exdiputado nacional). Propuesto por los senadores Miguel Pichetto y Roberto Basualdo.
José María Campagnoli (fiscal). Propuesto por la diputada Elisa Carrió.
Graciela Ocaña (legisladora porteña). Propuesta por el senador Pedro Braillard Poccard.
Héctor Polino (Consumidores Libres). Propuesto por la Mesa Nacional del Partido Socialista.
Alejandro Amor (defensor del Pueblo de la Ciudad). Propuesto por el senador Rodolfo Urtubey.
Susana Decibe (exministra de Educación). Propuesta por el senador Pedro Braillard Poccard.
Manuel Garrido (exdiputado nacional, exfiscal anticorrupción). Propuesto por los diputados Margarita Stolbizer, Victoria Donda y Alejandro Grandinetti.
Jorge Taiana (diputado del Parlasur, excanciller). Propuesto por los senadores Fernando “Pino” Solanas, Teresita Luna, Ruperto Godoy y Juan Manuel Irrazábal.
Remo Carlotto (diputado nacional). Propuesto por los diputados Leonardo Grosso, Andrés Guzmán, Lucila De Ponti, Silvia Horne, Araceli Ferreyra y Carolina Gaillard.
María José Lubertino (exlegisladora porteña y extitular del INADI). Propuesta por la senadora Sigrid Kunath y Javier Hermo, dirigente del Frente Grande de la Ciudad.
José “Conde” Ramos (exdiputado nacional). Propuesto por el senador Fernando “Pino” Solanas.
Matías Tombolini (economista). Propuesto por el senador Omar Perotti.
