El sistema de enjuiciamiento de magistrados en la mira

Los casos particulares de hechos delictivos de gran impacto en la opinión pública muchas veces se transforman en motivadores de cuestión que están latentes en el sistema penal, en particular, y en el Poder Judicial, en general.

El reciente caso de asesinato de Micaela García en Gualeguay disparó de la provincia de Buenos Aires varias cuestiones que tienen que ver con el Código de Procedimiento Penal, pero además modificaciones del sistema de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales.

La Ley 13.661, del año 2007, conformó en la Provincia un importante cambio en el régimen legal del Jurado de Enjuiciamiento, de manera de adecuar a la Constitución el instituto que tiene como único objeto la consideración de las faltas de los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial, con excepción de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general y el subprocurador general.

En este marco, y considerando la naturaleza del propio Jurado de Enjuiciamiento como órgano no permanente, la periodicidad de los mandatos de sus integrantes legisladores, la necesidad de reforzar las garantías en lo que hace al debido proceso, y la expectativa pública de que las conductas denunciadas de tan altas magistraturas sean consideradas con estricto cumplimiento de los plazos legales, es que empiezan a deslizarse cambios en la normativa que rige a la Secretaría Permanente del Sistema de Enjuiciamiento de Magistrado y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, comandada desde su puesta en práctica por Ulises Giménez.

Por un lado, el presidente del bloque de senadores Peronistas, Patricio García, desde hace años cree necesario conformar un órgano que tenga como función específica el velar por el cumplimiento del impulso procesal de las actuaciones, y representar a aquellas personas físicas o jurídicas que efectuaren denuncia sin patrocinio letrado y que no fueran patrocinadas por cualquiera de los demás habilitados para acusar por la propia ley.

Por otro lado el vicepresidente segundo del Senado bonaerense, el massista Sebastián Galmarini, reclamó al oficialismo que avance con dos proyectos para modificar la Ley de Enjuiciamiento a los jueces provinciales.

El senador de San Isidro propuso una modificación a la Ley 13.661, para agilizar los procesos de juicios políticos, para tener una ley de enjuiciamiento “más cercana a la comunidad”, con un adecuado control del desempeño de magistrados y funcionarios judiciales.

Actualmente, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios lo preside el titular de la Suprema Corte y como éste cambia anualmente, la iniciativa legislativa radica en que el presidente que interviene en el inicio de la causa continúe hasta su culminación.

Asimismo, otra de las modificaciones introducidas por Galmarini indica que los legisladores sorteados en la conformación del Jurado y que hayan renovado sus mandatos continúen conformando dicho Jurado: de ésta manera se busca que no haya sucesivos cambios de la integración, entorpeciendo su funcionamiento.

El proyecto de ley presentado en el Senado prevé la posibilidad de hacer comparecer a testigos, peritos y otros intervinientes por medio de la fuerza pública, y además modifica el sistema del embargo de los salarios del funcionario suspendido, transparentando la disponibilidad de dichos fondos.

Al respecto, el legislador del FR se refirió a la licencia del juez Carlos Alfredo Rossi de Entre Ríos, que enfrenta varios pedidos de juicio político por haber dejado en libertad al acusado de asesinar a Micaela García en Gualeguay: “es un disparate que se tome licencia en medio del estado de convulsión social que generó la muerte de Micaela”, apuntó.

Más ambicioso aparece el proyecto que impulsa el senador de Florentino Ameghino, Patricio García, pues pretende crear el cargo de Procurador Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios.

“De esta manera se pretende evitar que esa facultad constitucional de denunciar que se emparenta en algún sentido con una verdadera acción popular, resulte ilusoria”, según consignan en los fundamente de la presentación hecha por el senador peronista.

La experiencia acumulada desde el año 2007, al parecer, permite vislumbrar que muchas cuestiones se retardan más de lo necesario, sin que sea posible imputar esa situación a alguien en particular.

Por lo que, quienes impulsan la creación del procurador general, entienden que “es necesario un órgano que, sin estar comprometido con la instrucción, represente en este tribunal constitucional el interés público”, que al parecer todos y nadie representa.

Asimismo, las causales de interrupción de la prescripción también han sido legalmente establecidas, con lo cual el impulso procesal pasa a ser relevante no sólo por la importancia pública de estas cuestiones sino también por razones procesales que hacen a la efectividad del instituto constitucional de jurado de enjuiciamiento.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password