Con 58 votos positivos, la Cámara alta avaló la iniciativa que ahora deberá ser tratada en Diputados. Se propone la asistencia económica y financiera por parte del Gobierno nacional a las localidades del país más afectadas.
En una breve sesión especial, previo a la presentación de Marcos Peña, el Senado aprobó por unanimidad (58 votos positivos) un proyecto que declara la emergencia en una decena de provincias afectadas por las inundaciones, producto de las intensas lluvias, y ordena la asistencia económica y financiera de la Nación, además de garantizar exenciones impositivas a las familias.
El pleno dio media sanción en el recinto a un dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que declara la zona de desastre y emergencia hídrica, económica, productiva y social por el término de 180 días en distintos partidos, departamentos, localidades y parajes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Santa Fe, Misiones, Chubut, Tucumán, Río Negro, La Pampa, Salta y Jujuy. Este martes también se incorporó a la provincia de Corrientes.
Según el proyecto, ese plazo podrá ser prorrogado por el mismo lapso por el Poder Ejecutivo, el que también podrá extender la emergencia a otras zonas inundadas no contempladas en el texto.
De acuerdo a la propuesta, el PEN deberá constituir en el plazo de 30 días un fondo especial, con aportes del Tesoro Nacional, para afrontar la asistencia a los damnificados y la reconstrucción de las economías afectadas. Estas partidas serán distribuidas de acuerdo a los objetivos y prioridades que se fijen en coordinación con las provincias y los municipios afectados.
Además, el Ejecutivo tendrá que destinar fondos adicionales a la cobertura de planes sociales en las zonas afectadas mientras dure la emergencia, como así también deberá adoptar las medidas necesarias para preservar y restablecer las relaciones laborales.
Por último, se prevé la necesidad de adoptar medidas de asistencia técnica y financiera destinadas a la recomposición de la capacidad productiva de comercios y empresas.
A través de la AFIP y la ANSES, también se ordena instrumentar regímenes especiales de pago que abarquen a los contribuyentes afectados, lo que incluye prórrogas de vencimientos, suspensión de juicios de ejecución fiscal y exención de los impuestos a los Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta.
La provincia más afectada por los desbordes fue Chubut, y los departamentos y ciudades contemplados en el proyecto son los de Viedma, Escalante, Florentino Ameghino, Rawson, Sarmiento, Telsen, Gastre, Paso de los Indios y Mártires, y las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Rada Tilly.
En Buenos Aires, la ayuda llegaría a Arrecifes, General Pueyrredón, General Villegas, Junín, Pergamino, Salliqueló y Salto; en Catamarca, a Valle Viejo, Paclín, Santa Rosa, El Alto, Ambato y Fray Mamerto Esquiú; y en Santa Fe, las zonas incluidas son las de La Picasa, General López, Caseros y Coronda.
En el caso de Misiones se contempla a las localidades de Capioví, Campo Ramón, Santo Pipó, Alem, Colonia Alberdi y Cerro Azul; en Tucumán, las de Simoca, Graneros, Alberdi, La Cocha, La Invernada, La Madrid y Taco Ralo; y en Río Negro, al paraje de Pichi Mahuida.
La Pampa es otra de las provincias afectadas y las localidades incluidas son las de la capital, Santa Rosa, el parque recreativo Laguna Don Tomás, Atreucó, Catriló, Chapaleufú, Conhelo, Guatraché, Maracó, Quemú-Quemú, Rancul, Realicó y Trenel.
En el Norte, por Salta se incluyen los departamentos de Anta, San Martín, Orán, Rivadavia e Iruya, y por último, en Jujuy, los de Tumbaya, Ledesma y Santa Bárbara, y la Quebrada de Humahuaca.
El senador Juan Manuel Abal Medina, presidente de la Comisión de Presupuesto (PJ-FpV), agradeció “haber logrado este proyecto que es enormemente significativo” tras consensuar 20 proyectos presentados al respecto. Y subrayó: “hay un común denominador en cada una de estas provincias: evacuados, pérdidas, deterioros, afectación a los valores de producción, consecuencias sociales y sanitarias”.
También se aprobó por unanimidad un proyecto presentado por la neuquina Lucila Crexell que establece la emergencia económica, productiva, financiera y social por el término de 365 días, a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias de Neuquén y Río Negro.
