La diputada nacional Victoria Donda (Libres del Sur), presentó junto a legisladores de diferentes bloques un proyecto de ley para crear un “Sistema único de información de personas privadas de libertad”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos explicó que se trata de “crear una base de datos en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y un registro estadístico de personas privadas de libertad en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, como dos instancias articuladas de producción y sistematización de datos sobre personas detenidas. La iniciativa plantea cubrir todo el territorio de la República Argentina donde tenga competencia la justicia nacional, federal, y la de las provincias que adhieran”.

“En nuestro país, al no contar las instituciones con una herramienta de generación de información y estadística, como la que esta ley viene a proponer, se facilita la invisibilización y la falta de protección de las personas detenidas, y se hace imposible trabajar seriamente en la prevención de la inseguridad, y en una planificación eficaz de la política criminal que fundamenten sus decisiones sobre datos confiables y rigurosos que describan con solidez las características y alcances de las situaciones relativas a la privación de libertad”, sostuvo Donda.

Y continuó: “la única estadística a nivel nacional que existe es la medición anual del SNEEP, cuya única fuente de información son los propios servicios penitenciarios (federal y provinciales) a través del relevamiento de legajos, y solo en algunos años y en ningún caso se incluyen instituciones para niños/as y adolescentes o centros de detención de otras fuerzas federales”.

La legisladora consideró que este sistema “debe dar cuenta y registrar diversas modificaciones en las condiciones de detención de la persona, así como los traslados realizados (lugar de alojamiento, historial de traslados, demandas o necesidades planteadas por los detenidos, solicitudes, denuncias por sus condiciones de detención, etc.)”.

Donda resaltó además que “son varios los organismos internacionales de Derechos Humanos que plantearon al Estado argentino la necesidad de conformar sistemas integrales y eficaces de información, como el que proponemos. Muchos especialistas y organizaciones de trayectoria como la PPN, Procuvin, CELS, además de asesores de todos los bloques, trabajaron en esta propuesta que creemos fundamental para planificar la seguridad pública y la protección de los derechos humanos”.