Repercusiones legislativas del anuncio de la creación de la oficina anticorrupción

Tras el anuncio de la gobernadora María Eugenia Vidal, legisladores bonaerenses dieron a conocer sus opiniones.

Se presentó en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI) dedicada a combatir la corrupción institucional en la provincia. El acto fue encabezado por la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari y Luis Ferrella, quien será el titular de la OFI.

Esta nueva dependencia funcionaría en el interior del Ministerio de Justicia bonaerense, como así también en delegaciones de la Asesoría General de Gobierno, oficinas que funcionan en cada ministerio e institución del Estado.

En principio la OFI contara con una página web donde se recibirán denuncias a fines de avanzar en la generación y promoción de un marco normativo en cuanto a ética pública y transparencia. “Luchamos contra las mafias afuera y adentro del Estado, es por eso que me comprometo a luchar contra la corrupción hasta el último día de mi mandato”, señaló la gobernadora en el marco de la presentación.

Desde el bloque Peronista sostienen que la inauguración de la OFI es un “anuncio marketinero”, y critican la decisión de que la oficina funcione dentro del Ministerio de Justicia, órgano al que debería controlar.

“Es marketinero y un anuncio mas para la prensa”, expresó Patricio García, presidente del bloque Peronista. Además mencionó que el bloque viene impulsando un trabajo junto a otros legisladores para aprobar una norma que se aboque a las cuestiones de ética y el ejercicio de la función pública.

Es importante mencionar que en la última reforma constitucional del país, en el año 1994, se dispuso en el artículo 3 la creación de un Tribunal Social de Responsabilidad Política que quedo a la espera de su reglamentación por ley.

En cuanto al bloque oficialista, Roberto Costa, titular del bloque senadores de Cambiemos, destacó la creación de la OFI y expresó: “En la provincia de Buenos Aires se comenzarán a implementar mecanismos de prevención y control para transparentar la gestión del Estado”.

“Nuestra gobernadora tiene la decisión de terminar con un modo de funcionar que parecía naturalizado, en la provincia no hay lugar para las mafias”, señaló Costa.

Desde la oposición reforzaron la importancia de reglamentar y aplicar el Tribunal Social de Responsabilidad Política como herramienta para examinar actos de corrupción que podrían cometer funcionarios de los poderes públicos provinciales y municipales. Se plantea que este sea integrado por personas designadas por la Legislatura bonaerense y que funcione como un organismo autónomo, con independencia de criterios, pautas y definiciones.

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