El texto del Poder Ejecutivo será modificado para cerrar hendijas que permiten a las personas jurídicas esquivar el castigo por los delitos contra la administración pública y soborno trasnacional. En los próximos días circulará un “predictamen” y se citará a especialistas a un plenario de comisiones.
Por Carolina Ramos
Con reuniones frenéticas en los despachos, la alianza oficialista Cambiemos trabaja por estos días para destrabar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que todavía no logró tener avances concretos por diferencias sobre el texto enviado por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa está bajo la órbita de las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General, presididas respectivamente por la radical Gabriela Burgos y el macrista Daniel Lipovetzky, quienes antes de citar a especialistas se abocaron a la búsqueda de consenso interno por ciertas dudas que arroja el proyecto original.
La principal, que ahora será subsanada, tiene que ver con los recovecos que contiene el proyecto para que las personas jurídicas puedan esquivar el castigo por los delitos contra la administración pública y soborno trasnacional.
Puntualmente, el proyecto establece que las empresas implementarían un control y supervisión “adecuados” –y por lo tanto, quedarían eximidas de la pena- cuando, con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica haya aplicado un “programa de integridad” conveniente.
Ese plan integral contiene distintos elementos, como “un código de ética o conducta”, “reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios” y “el análisis periódico de riesgos”, entre otros puntos.
¿Cuándo se considera que ese programa fue apropiado? Según el artículo 30, cuando “guarda relación con los riesgos propios de la actividad que realiza la persona jurídica, con su dimensión y con su capacidad económica, a los fines de prevenir, detectar, corregir y poner en conocimiento ante las autoridades correspondientes los hechos delictivos abarcados en la ley”.
Un sector de Cambiemos entendió que este “programa de integridad” abre las puertas a que las empresas logren quedar eximidas fácilmente de responsabilidad penal, y consiguió convencer a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, para modificar ese aspecto.
Alonso visitó esta semana distintos despachos de diputados oficialistas y por estas horas se analizan dos posibles salidas a ese embrollo: que el “programa de integridad” se convierta en sólo un atenuante, o que en todo caso sí actúe como eximente de la pena, pero con ciertos límites.
“No querían que la ley fuera sólo para cumplir con la OCDE. Quieren que realmente tenga sentido y para eso no debe haber tantas ventajas para las empresas. Por eso no se quería mantener este régimen integral”, explicaron a parlamentario.com dos fuentes del entorno de Cambiemos.
A esta modificación –impulsada principalmente por Burgos- se sumaría otra relativa al régimen de colaboración de las empresas que, mediante una figura similar a la del arrepentido, permite que puedan aportar información a cambio de ver reducidas las multas de un tercio a la mitad.
El proyecto fue enviado por el Ejecutivo en octubre de 2016 por pedido de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pero en medio de la tensión electoral y las dificultades para arribar a acuerdos entre oficialismo y oposición, se fue postergando con el correr de las semanas.
Sin embargo, la intención de Cambiemos es hacer circular en los próximos días un “predictamen” con las modificaciones incluidas para luego escuchar a la opinión de funcionarios, especialistas y representantes del sector empresario.
