Un grupo de organizaciones que trabaja en las unidades carcelarias y fuera de ellas con las personas que recuperan la libertad rechazan la reforma de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que limita las excarcelaciones, por considerar que afecta el “principio de progresividad”, y obstruye la finalidad de la pena de prisión que tiene por objeto la prevención de la comisión de delitos y la reincidencia.

En su paso por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, las organizaciones expresaron su enérgica oposición a la reforma impulsada originalmente por los diputados nacionales Luis Petri y Mónica Litza, mediante la cual se pretenden restringir las salidas transitorias y la libertad condicional, así como limitar las posibilidades de incorporación al régimen de semi-libertad (trabajar fuera de la cárcel durante el día y regresar al penal por la noche) y se establecen diferencias en la progresividad de la pena de acuerdo al delito por el que se condenó a la persona, institucionalizando la desigualdad ante la ley.

Las organizaciones en cuestión son YoNoFui, Limando Rejas, Rancho Aparte, Coop. Esquina Libertad y Pensadores Villeros Contemporáneos, cuyos principales fundamentos para repudiar el proyecto radica en que, a su juicio, viola el principio de resocialización, que consideran “el único fundamento de la pena en nuestra Constitución Nacional y vulnera derechos que ya han sido reconocidos por el Estado argentino y constituyen obligaciones ineludibles cuyo incumplimiento puede acarrear su responsabilidad internacional”.

De este modo, sostienen, “al afectarse el principio de progresividad, se obstruye directamente la finalidad de la pena de prisión que tiene por objeto la prevención de la comisión de delitos y la reincidencia. Asimismo, agrava las condiciones de detención que ya se encuentran caracterizadas por la falta del acceso a la salud, a la educación, al trabajo, por la sobrepoblación y el hacinamiento, así como por la violencia física y psicológica y el uso de la tortura como práctica habitual”. Finalmente, consideran que promueve el autogobierno por parte del Servicio Penitenciario “en desmedro de la garantía del control judicial permanente y de la intervención de profesionales, que serían las más capacitadas para acompañar un proceso resocializador. De esta forma, se favorece el gobierno carcelario basado en la arbitrariedad y discrecionalidad que caracteriza a esa fuerza”.

Las organizaciones celebraron que se haya abierto la discusión del tema, considerando que “desde el Poder Ejecutivo se pretendía aprobar esta reforma sin una discusión profunda y de fondo, que permitiera las voces de todas las personas involucradas”.

Por otra parte, las organizaciones salieron al cruce de un informe televisivo, en el que se sostenía que la información aportada era “transcripción de un informe de inteligencia”, considerando que se habló de ellas de forma “errónea y falaz, con la clara intención de desvirtuar, desprestigiar y criminalizar nuestro trabajo”. Por tal motivo, denunciaron persecución política, e hicieron responsable al Estado Nacional de la integridad física de cualquiera de los integrantes de estas organizaciones, así como de las personas privadas de libertad que se encuentran realizando huelga de hambre y otras formas de manifestación pacífica en muchos penales del país para expresar su opinión en contra de la reforma.

Las organizaciones propusieron frente a la violencia que impera y ofrece la cárcel propiciar el trabajo colectivo en un ambiente de respeto, el diálogo como principal mecanismo de decisión y resolución de conflictos, acompañamiento, contención y solidaridad. Asimismo, sugirieron el fortalecimiento de las asistencias pre y post penitenciaria para garantizar la reinserción total de las personas en la sociedad con los medios necesarios para subsistir y mantener a las familias de manera digna y como herramienta para la prevención del delito.