Fue a través de un amparo por considerar el convenio suscripto con Arcos Dorados SA “violatorio del orden público laboral, así como del derecho internacional y la propia Constitución Nacional”.
A través de un amparo presentado por los legisladores Araceli Ferreyra, Silvia Horne y Lucila De Ponti, junto al secretario de Juventud de la CTA, Matías Zalduendo, un acuerdo para emplear a jóvenes suscripto entre el Gobierno nacional y McDonalds fue finalmente anulado.
Las legisladoras del Movimiento Evita consideraron que el convenio con Arcos Dorados S.A.(razón social de la empresa) era “violatorio del orden público laboral, así como del derecho internacional y la propia Constitución Nacional”.
El recurso había sido avalado por la Cámara Nacional del Trabajo, que en el fallo reconoció que “se hallan en juego derechos de incidencia colectiva en general”, y afirmó que “están en juego derechos de jóvenes en situación de vulnerabilidad en el convenio de cooperación cuestionado”. Todo esto obligó al Poder Ejecutivo y la empresa a dar de baja el convenio.
Al respecto, Lucila De Ponti sostuvo que “el convenio es inconstitucional y no respeta los derechos básicos del trabajo, era una puesta en escena de (Mauricio) Macri para mostrar que crea trabajo cuando en realidad lo destruye y empobrece al trabajador”. Y enfatizó: “Esperamos que en nuestro país no existan más este tipo de acuerdos que se hacen para beneficiar a los empresarios a costa de las y los jóvenes. McDonalds y el Gobierno querían una flexibilización laboral y no se lo permitimos”.
El convenio contemplaba el pago por parte del Ministerio de Trabajo de $1.000 por cada empleado contratado bajo esa modalidad. La presentación del acuerdo, en mayo de 2016, estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, después de una reunión con la vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales de la compañía para Latinoamérica, Marlén Fernández, y del representante de Arcos Dorados Argentina, Pedro Nóbili.
