El proyecto fue remitido al Parlamento en octubre del año pasado y espera su tratamiento legislativo. La norma sancionaría, además de las personas, a las empresas, para casos de corrupción.
La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, pidió que el Congreso apruebe el proyecto de ley de Responsabilidad Empresaria, que en octubre de 2016 fue enviado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, a la Cámara de Diputados. Lo hizo en el marco del Fórum de Marketing Empresarial, organizado por LIDE, donde expuso este miércoles. “Argentina necesita la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. Es muy importante que se apruebe una ley que penalice prácticas de corrupción en el país y en el exterior”, puntualizó Alonso.
La secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción opinó que “esta ley, elaborada por la OA, es un desafío y un gran avance, ya que hablar de transparencia e integridad tienen que ver con cambiar la reputación del país en el mundo”. En este sentido, afirmó que “esta ley no solo penaliza la corrupción, sino que introduce buenas prácticas”. Además, Alonso recordó que “de los países que ratificamos la Convención contra el soborno de la OCDE, el único que no tiene esta ley es Argentina”.
El proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria permite sancionar a las empresas -y no sólo a las personas físicas- en casos de corrupción y promueve la cooperación entre el sector público y el sector privado. El objetivo de este proyecto es dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción a través de la generación de incentivos, sanciones y mitigación de ellas por tener normas de integridad, para que las empresas prevengan la comisión de delitos e implementen programas de integridad.
También se prevé la posibilidad de acordar acuerdos de colaboración con las empresas a cambio de información para poder identificar a las personas físicas que cometieron los delitos.
Para la Oficina Anticorrupción, es fundamental que el Congreso de la Nación apruebe este proyecto de ley, requisito indispensable para incorporar a nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Al aprobar esta ley -que ya la tienen otros países como Brasil, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, España y Francia-, Argentina cumplirá con los compromisos internacionales ya asumidos al ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción o la Convención contra el Soborno Transnacional de la OCDE. De hecho, Argentina es el único de los 41 países ratificantes de la Convención OCDE que no tiene una ley de responsabilidad de las personas jurídicas.
Tal como reveló parlamentario.com, el oficialismo trabaja en cambios al texto original del Ejecutivo, para cerrar resquicios que le permitirían a las personas jurídicas esquivar el castigo que se les impone por los delitos contra la administración pública y soborno internacional. Las modificaciones cuentan con aval de Alonso y sólo queda destrabar el tratamiento del proyecto en las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General.
