Piden incluir a Córdoba en la declaración de zona de emergencia

La iniciativa radical busca que se incluya a su provincia entre las once que la Cámara de Diputados de la Nación ya declaró en estado de emergencia hídrica y económica.

La diputada nacional por la UCR Brenda Austin, en conjunto con los diputados Mario Negri, Soledad Carrizo, Diego Mestre y Olga Rista, presentaron un proyecto de ley para que se declare a la provincia de Córdoba como zona de desastre y emergencia hídrica, económica, productiva y social.

“La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la declaración del estado de emergencia en once provincias de nuestro país. Sin embargo, Córdoba no estaba entre ellas, por lo que entendemos que debe zanjarse esta omisión”, exclamó Austin al respecto.

El proyecto de ley propone, al igual que el ya aprobado, declarar zona de emergencia por el período de 180 días a las zonas agropecuarias comprendidas entre los departamentos afectados por las lluvias. Así mismo, establece que el Poder Ejecutivo Nacional construirá, en un plazo de menos de 30 días, un fondo económico especial, con aportes de Tesoro Nacional, destinado a obras de infraestructura, acciones de asistencia a los damnificados y reconstrucción de las economías afectadas.

“Todo el cuadrante sur y este de la provincia se encuentra en estado de saturación debido a la magnitud de los excesos hídricos, gran parte acumulados por las grandes lluvias sufridas a lo largo del año pasado. Los pueblos de estas zonas llevan meses, y en algunos casos años de complicaciones por el agua en sus campos y en las zonas urbanas, lo que ha ocasionado grandes consecuencias a nivel de infraestructura con el colapso de cloacas, derribos de pozos negros y gran cantidad de caminos destruidos y hectáreas anegadas”, expresó la parlamentaria con respecto a la situación local.

Además, la iniciativa contempla la adopción de medidas necesarias para preservar y reestablecer las relaciones de trabajo y empleo, como así también la asistencia técnica y financiera destinada a la recomposición de la capacidad productiva.

“El dilema es complejo y multidimensional: el cambio climático, el desmonte y la erosión de los suelos. La modificación de las corrientes naturales por rutas y canales mal trazados, la falta de políticas que estimulen la rotación de cultivos, el aumento sostenido de las napas en los últimos años y la falta de previsión para contener el fenómeno”, comentó la parlamentaria.

La propuesta presentada ante el Congreso de la Nación establece también que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Administración Nacional de Seguridad Social, podrá instrumentar regímenes especiales de pago que abarquen a los contribuyentes afectados, pudiendo contemplar prórrogas de vencimiento, suspensión de juicios, ejecución fiscal y exención de los impuestos sobre bienes personales y ganancia mínima presunta.

“Resulta sumamente necesario que desde el Gobierno Nacional se activen mecanismos para poder disminuir el peso que hoy carga sobre uno de los sectores más pujantes de nuestro país, desarrollando medidas de reconstrucción y recuperación del capital social y productivo, impulsando beneficios fiscales y disminuyendo la presión tributaria y la exigencia en otro tipo de obligaciones fiscales”, concluyó Austin.

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