Superados los años kirchneristas, el Grupo Clarín es, por lejos, el más beneficiado por el Gobierno: se llevó el 21% de la torta el año pasado. El Senado aprobó un proyecto para fijar criterios de distribución alejados de la afinidad política, pero no está en la agenda de la Cámara baja.
Por Carolina Ramos
El letargo que vive el Congreso por la proximidad de las elecciones se cobró como víctimas varias leyes de importancia, y entre ellas figura una deuda histórica de los legisladores: la regulación de la pauta oficial. La tendencia al reparto discrecional como herramienta de disciplinamiento se mantuvo durante el primer año de gobierno de Mauricio Macri, mientras en la Cámara de Diputados duerme un proyecto de ley aprobado por amplia mayoría en el Senado.
Las dificultades para congregar a los diputados en Buenos Aires y sesionar obligaron a Cambiemos a fijar una acotada agenda de leyes que se focalizan, sobre todo, en temas de seguridad, y el régimen de distribución de la publicidad quedó archivado en lo más profundo de los cajones a pesar del balance desequilibrado del año pasado.
“Nosotros no planchamos ningún tema. Se trató en asesores y hay diferentes posturas, pero estamos de acuerdo en que tiene que existir una regulación”, indicó a parlamentario.com Juan Brugge, el presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, que debe tratar el proyecto junto con la de Presupuesto y Hacienda.
El único criterio que primó todos estos años para el reparto de la pauta fue la afinidad política, y así quedó demostrado una vez más en un informe de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados al que accedió parlamentario.com, que contiene el detalle del reparto por holding y por mes, y que confirma que el Grupo Clarín es ahora el más beneficiado.
El multimedios de Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble se llevó un 21% de la torta, esto es, 515.038.881,38 pesos. El contraste es fuerte con los años kirchneristas: entre 2009 y 2015, el grupo enemistado a fuego con Cristina figuró en el sexto lugar de la lista. En ese período, el más favorecido fue el hoy vaciado Grupo Veintitrés, de la dupla Sergio Szpolski-Matías Garfunkel.
Ya bajo el gobierno de Macri, se registró una diferencia abismal entre Clarín y el segundo grupo del ranking, Telefónica, que percibió apenas el 7% de la pauta, y que contiene a Telefé, seis canales del interior del país y la compañía Movistar, entre otras empresas.
El Grupo Indalo, de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, fue el tercero que más pauta percibió: 6,83%. Lo integran la ex productora de Marcelo Tinelli, Ideas Sur, y medios como C5N, CN23, Ámbito Financiero, el portal Minuto Uno y las radios Mega 98.3, Pop y Vale.
Con el 5,49% de la publicidad oficial le sigue el Grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano, dueños de América TV, radio La Red y el diario La Capital de Rosario, entre los principales. A continuación figura el Grupo La Nación, de las familias Mitre-Saguier, cuyos medios recibieron el 4,87%.
Otros datos interesantes: el Gobierno destinó más propaganda a Google y Facebook (4,17% del total entre ambas plataformas) que a medios como El Cronista Comercial (1,19%), Perfil (1,07%) e Infobae (0,36%), que se ubican de mitad de tabla para abajo. El Grupo Olmos, que contiene entre otros a Crónica TV, diario BAE y revista Veintitrés, recibió el 3%.
El total de la propaganda otorgada durante 2016 fue de 2.439.627.484,86 pesos. El presupuesto aprobado por el Congreso para el área de “Prensa y Difusión de Actos de Gobierno” era de 1.881,8 millones. Es decir, se gastó un 29% más de lo previsto.
En la distribución mes a mes se registró un crecimiento sistemático en el primer semestre, con una fuerte caída al inicio del segundo, en el mes de agosto. En la segunda mitad del año el reparto fue oscilante, pero terminó en diciembre con el pico más alto -483.652.348,25 pesos-. Eso significa que casi el 20% de la publicidad se otorgó el último mes.
La gráfica fue, por lejos, el rubro más elegido por el Gobierno: el 30,34% del total de la pauta fue dividida entre diarios y revistas, mientras que el 25,86% fue para medios televisivos y el 19,14%, para las radios. El resto se repartió entre el servicio de cable (8,45%), la vía pública (8,26%), redes sociales (3,4%), páginas web (2,51%), sponsoreo (1,27%) y cine (0,77%).
Un proyecto “planchado”
El Senado dio un paso histórico el 23 de noviembre pasado cuando aprobó, por 51 votos a favor y sólo ocho en contra, un proyecto que establece criterios objetivos para la asignación de la pauta. El punto central es que un 20% de la pauta debería estar destinada a medios del interior, universidades nacionales, medios comunitarios, pueblos originarios, cooperativas y organizaciones comerciales.
La iniciativa establece como principios para la distribución de la publicidad oficial “el alcance del medio de comunicación”, “la pertinencia del mensaje”, “la zona geográfica”, “el fomento del federalismo y la pluralidad de voces”.
Los medios, soportes o productoras que deseen ser contratistas de publicidad oficial deberían inscribirse en el nuevo Registro Nacional Público de Publicidad Oficial (RENAPPO). En tanto, la autoridad de aplicación de la ley estaría obligada a desarrollar un “Plan Anual de Publicidad Oficial” donde quede enunciada cada campaña de comunicación, y a su vez debería elaborar un informe semestral para poner bajo consideración del Congreso.
Además, se acordó una “reserva para emergencias”, que sería del 10% del presupuesto total previsto para la pauta oficial, para los casos que no estén contemplados en el Plan Anual, como catástrofes naturales o alteraciones del orden social.
El proyecto con media sanción también indica que la autoridad de aplicación no podrá contratar campañas de publicidad oficial en los períodos electorales nacionales, salvo casos extremos o cuestiones que tengan que ver con el proceso electoral mismo.
“La ley establece con claridad las reglas con las que se va a distribuir la pauta oficial, permitiendo de esta manera a lo que todos queremos, un mayor control por parte de la ciudadanía sobre en qué se gastan los recursos”, destacó durante el debate en el Senado la titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, Liliana Fellner (PJ-FpV).
El texto aprobado unificó iniciativas de Juan Carlos Marino (UCR), Magdalena Odarda (CC), Jaime Linares (GEN), Marta Varela (Pro) y Liliana Negre (Peronismo Federal). Toda La Cámpora votó en contra: Anabel Fernández Sagasti, Virginia García, María Ester Labado, Hilda Aguirre, María Inés Pilatti Vergara, María de los Ángeles Sacnun, Ana Almirón y también Juan Manuel Irrazábal.
