Los diputados nacionales Néstor Pitrola, Pablo López y Soledad Sosa (FIT-PO) presentaron en el Congreso un proyecto para que la Cámara de Diputados se pronuncie contra el fallo de la Corte Suprema que aplica el beneficio del 2×1 a un represor de la última dictadura cívico-militar (Luis Muiña), estableciendo jurisprudencia para todos los genocidas.

El proyecto plantea el “rechazo a la política de reconciliación con los genocidas de la dictadura que este fallo expresa -que fue iniciada con la designación de Milani al frente del Ejército bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y es continuada por el actual gobierno de Mauricio Macri-, que tiene por objetivo la reinserción de las Fuerzas Armadas en la represión interior”.

Néstor Pitrola declaró: “Estamos frente a un nuevo punto final. Este operativo de reconciliación con las Fuerzas Armadas tiene como antecedentes más recientes las reuniones del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, con los defensores de los genocidas, y la Conferencia Episcopal que llamó a un diálogo de reconciliación entre familiares, mediado por los obispos. Naturalmente, la Iglesia, que fue cómplice del terrorismo de Estado de la última dictadura, se ha sumado a la comparsa pro-impunidad”.

“El aspecto más grave y repudiable del fallo, que lo coloca en el terreno de la impunidad, es que instituye en causas de lesa humanidad la “conmutación de penas”: un indulto parcial por el que se sustituye una pena por otra de menor grado o rigor. Esto pone en riesgo y frustra el proceso de investigación”, denunció Pablo López.

“Los jueces que votaron este fallo expresan una política de Estado (por ello fueron promovidos a la Corte con el voto de Senadores de todos los bloques). Detrás de este fallo está en juego una orientación de impunidad a los genocidas y reforzamiento represivo de la vida política y social, en función de la política de ajuste contra los intereses populares en curso”, concluyó Soledad Sosa.