Con propuestas para limitar el beneficio de conmutación de la pena hasta iniciativas para destituir a los jueces que se expresaron a favor y una inminente presentación ante la Corte Interamericana de DDHH, legisladores de distintos bloques pretenden intervenir al respecto. En Diputados habrá debate en comisión.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que reimplementó el cómputo del 2×1 de la pena para los delitos de lesa humanidad encendió luces de alarma en el Congreso. Proyectos de ley para eliminar beneficios a represores, una reunión de comisión convocada para este martes y hasta pedidos de juicio político prometen colocar al Parlamento en el centro de la escena, en una búsqueda de los distintos bloques por tomar cartas en el asunto.
El primero en sugerir la intervención parlamentaria fue el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien el fin de semana adelantó que impulsará en la Cámara alta un proyecto para limitar el beneficio del 2×1. El plan consiste en acotarlo a quienes estuvieron presos durante la vigencia de la Ley 24.390, entre 1994 y 2001.
“La ley se le puede aplicar a quienes estuvieron presos mientras estaba vigente la ley, no después de derogada”, advirtió Pinedo en declaraciones radiales. En el Senado –que esta semana no tiene previsto sesionar- aún no hay precisiones al respecto y el tema se maneja en distintas reuniones a puertas cerradas.
El plato fuerte será entonces, por lo pronto, en la Cámara de Diputados. Victoria Donda (Libres del Sur), una de las voces más críticas del fallo en su calidad de hija de desaparecidos, convocó para este martes a las 18 a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, con el fin de “considerar” la decisión de la Corte.
Donda impulsa una iniciativa para que los imputados, procesados y condenados por delitos de lesa humanidad no puedan acceder a los beneficios de la amnistía, el indulto o la prescripción de la pena, y no puedan gozar de la conmutación o reducción de sus penas, en ninguna de sus formas y bajo ningún concepto.
“El fallo es un marcado retroceso en materia de Derechos Humanos. Los delitos de lesa humanidad y genocidio no admiten salidas alternativas ni a la investigación, ni al juzgamiento ni al cumplimiento de las condenas que se apliquen”, sostuvo la legisladora.
En el mismo sentido presentó otro proyecto de ley la jefa del bloque socialista, Alicia Ciciliani. “Creímos que nunca íbamos a tener que volver a discutir sobre los delitos de lesa humanidad y, erróneamente, consideramos que nuestro país había dado una vuelta de página en la secuencia del horror que nos dejó la dictadura, pero nos equivocamos”, lamentó.
La santafesina sostuvo que “la violación de los Derechos Humanos es un delito imprescriptible, y no puede de ninguna manera estar sujeta a amnistía ni a indulto”, y agregó que “si así se hiciera, se estarían violando los compromisos internacionales asumidos en la firma de los tratados internacionales” en la materia.
El Frente de Izquierda fue más lejos y presentó un pedido de juicio político contra los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco –los tres que fallaron a favor del 2×1- por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones. El proyecto fue presentado por Néstor Pitrola (Partido Obrero), quien además llamó a marchar el miércoles a Plaza de Mayo.
“Presentamos el pedido de juicio político por considerarlos responsables de un fallo antijurídico ante delitos de lesa humanidad de carácter permanente e imprescriptibles. Se trata de una amnistía a la dictadura, más amplia aún que el indulto de (Carlos) Menem a las Juntas Militares”, advirtió, y añadió: “Hablamos de casi 300 condenados por delitos como secuestros, desaparición forzada, torturas y apropiación de bebés que plantea un nuevo punto final”.
El bloque del Frente para la Victoria-PJ, que preside Héctor Recalde, trabajaba por estas horas en otro pedido de juicio político, en sintonía con el pronunciamiento de la Fundación Madres de Plaza de Mayo la semana pasada. La bancada también unificaría un proyecto para acotar los beneficios a represores.
En tanto, el Frente Renovador anunció que, con el patrocinio de un grupo de juristas, se presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También buscará destituir, vía juicio político, a “todos aquellos jueces y camaristas que cambien las sentencias anteriores aplicando el 2×1 sin respetar los fallos precedentes”.
El massismo trabaja además junto a Donda y Margarita Stolbizer (GEN) en una declaración de repudio del pleno de la Cámara de Diputados al fallo supremo, por considerar que “es un mensaje pésimo para una sociedad que reclama mejor Justicia”.
Por otra parte, en el Senado, la kirchnerista Nancy González propuso tres modificaciones al Código Penal con el objeto de asentar la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. “El fallo es una aberración jurídica. Atenta contra los pilares de nuestra democracia”, denunció la chubutense.
En primer lugar, propone incluir en el artículo 2 la prohibición de la aplicación del beneficio de la “ley penal más benigna” en el caso de los delitos de lesa humanidad enumerados en el artículo 7 del Estatuto de Roma (aprobado en nuestro país por la Ley 25.390). Dicha prohibición figura en la actualidad solo para los delitos ligados al narcotráfico.
Por otro lado, actualiza los artículos 67 y el 32 bis del Código Penal para que se incluya en el sistema legal nacional la imprescriptibilidad y la no aplicación del beneficio de la prisión domiciliaria en el caso de delitos de lesa humanidad. En rigor, estas modificaciones ya se encuentran vigentes en el sistema penal argentino por la ratificación de los tratados internacionales con rango constitucional. El proyecto busca la adaptación del sistema legal interno al marco internacional al que adhiere nuestro país.
Por parte del oficialismo, el macrista Daniel Lipovetzky calificó como “un verdadero despropósito” y “un retroceso” el fallo supremo, pero dijo no coincidir con la posibilidad de un juicio político contra los jueces que suscribieron esa resolución porque -indicó- “aunque el fallo tenga una fundamentación jurídica equivocada, la tiene”.
“Este tipo de beneficios no deberían existir nunca pero, si existió esa figura, nunca debió ser aplicable a delitos de lesa humanidad”, aseguró el legislador, quien pidió, no obstante, “respetar” el fallo de la Corte Suprema.
