Fue sancionado por unanimidad en la Cámara alta, con 56 votos afirmativos. El Congreso reaccionó contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia y avanzó en una iniciativa para establecer la restricción de ese beneficio a represores y genocidas condenados.
En un contundente mensaje a la Corte Suprema de Justicia, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto para limitar la aplicación del beneficio del 2×1 en el cómputo de la pena a autores de delitos de lesa humanidad.
En menos de 48 horas, ambas cámaras del Congreso avanzaron en una iniciativa que se planta contra la decisión del máximo tribunal, que falló a favor en el caso del represor Luis Muiña.
La Cámara alta sancionó por unanimidad -56 votos positivos- el proyecto que fue consensuado este martes entre el oficialismo y la oposición en Diputados, y aprobado en una sesión histórica por amplia mayoría.
La ley modifica el artículo 7 de la Ley 24.390 -hoy derogada- para especificar que el 2×1 “no es aplicable” a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.
Además, establece que el beneficio sólo podrá regir en los casos en los que el condenado hubiese estado privado de su libertad en forma preventiva entre 1994 y 2001, es decir, durante el período de la vigencia de la norma. También, el tercer artículo indica que esa interpretación es la que debe aplicarse a todas las causas en trámite.
Al abrir el debate, que se extendió por más de cuatro horas, el senador Pedro Guastavino (PJ-FpV) expresó que el fallo de la Corte Suprema “pone nuevamente sobre el tapete la discusión sobre el período más oscuro que ha vivido el país”. Explicó que esta ley será una “pauta interpretativa” para impedir que “en lo sucesivo, a quienes utilizaron el aparato del Estado para secuestrar, torturar y asesinar, puedan gozar de ese beneficio”.
Desde su banca, el presidente provisional, Federico Pinedo (Pro), recordó el “hecho desgraciado” que significó para la Argentina la Ley 24.390 -hoy derogada-, y afirmó que la iniciativa para frenar el 2×1 a represores “ratifica la mirada” del país en base al “compromiso” de condenar los delitos de lesa humanidad.
A su turno, el legislador Fernando “Pino” Solanas mencionó que el juicio a las Juntas Militares fue “ejemplar” y “único en el mundo”. “Ningún país en América Latina se animó a juzgar a los genocidas”, agregó. En referencia al fallo del máximo tribunal, lo consideró “absolutamente cuestionable”. “Apoyamos decididamente esta reacción rápida que ha tenido el pueblo argentino”, manifestó.
El chubutense Alfredo Luenzo sostuvo: “la política negacionista ha sido condenada por toda la sociedad y por eso es tan difícil de interpretar el objetivo de este fallo”.
Por su parte, el radical Alfredo Martínez subrayó la “reacción intrajusticia” que hubo respecto al fallo. “Con esta ley, lo que estamos diciéndole es ‘muchachos respeten la ley que está en vigencia’”, señaló, en referencia a la Ley 27.156, sobre prohibición de indultos, amnistías y conmutación de penas en los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra.
“Cuando hay errores y se cometen aberraciones es necesario que los otros poderes reaccionen. Las políticas en derechos humanos no se negocian”, añadió el santacruceño.
El mendocino Julio Cobos remarcó que “este fallo nos sorprendió”. “Va en contramano de lo que venimos haciendo a lo largo de la historia democrática de nuestro país, en política de derechos humanos y también de seguridad”, dijo.
El exvicepresidente instó a que la Corte Suprema tenga “la capacidad” de “consensuar una resolución que dé marcha atrás en la decisión dividida” que emitió el pasado viernes.
La riojana Teresita Luna (PJ-FpV) no dudó en sostener que la medida del máximo tribunal es “una decisión política disfrazada de fallo judicial”. Además, remarcó: “la Iglesia pretendió allanar el camino para este fallo con un falso llamado a la reconciliación”.
Por su parte, la kirchnerista Virginia García recordó su rechazo a los pliegos de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, designados en un principio por decreto, quienes se inclinaron a favor. “Es un fallo político que acompaña un proceso político: la designación de jueces por DNU, hablar de guerra sucia, trasladar el 24 (de marzo)”, enumeró.
En tanto, su par María Ester Labado confesó: “no me arrepiento de no haberlos votado”. Y acusó que la sesión del Senado se dio con un “apuro necesario para lavar culpas”. La legisladora Nancy González también resaltó que Rosatti y Rosenkrantz fueron “criticados y objetados por todos los organismos de derechos humanos”; y cargó contra el presidente Mauricio Macri por su silencio ante el fallo.
El senador Jaime Linares (GEN) reivindicó “la conciencia del pueblo” ante esta situación planteada por una Corte que consideró “un poder político”. Habló de un “contexto político” y recordó el juicio a las Juntas como “un hecho trascendente histórico”, que fue “muy superior al Juicio de Nüremberg”. Por eso, dijo, en su momento “nos dolió el apriete que hubo de las fuerzas armadas, muy fuerte”, y consideró al indulto “mucho más duro”. Por eso reconoció la actitud del entonces presidente Néstor Kirchner de haber reactivado los juicios.
“Si tiene dudas el juez de lo que la ley dice, me parece que esto le da certezas”, remarcó, destacando entonces la importancia de la discusión que se estaba dando en el Congreso ahora.
A continuación, el senador Dalmacio Mera (PJ-FpV) destacó que “este patrimonio nacional que hemos dado la sociedad argentina que es darnos justicia, viene con este fallo a alterar el proceso que hemos tenido. Pero se encontró con la noticia más feliz: el rechazo de todos los sectores”, destacando el “repudio generalizado” al fallo.
La presidente del bloque Pro, Laura Rodríguez Machado, celebró la “rápida respuesta que desde Cambiemos le dimos a esta ley”. Reivindicó la condición de representantes del pueblo de los legisladores, y consideró que “la mejor forma de transformar las cosas en justicia y no venganza es que la ley sea pareja para todos”. Recordó además que lo sucedido con la Corte ya había sucedido en 2013, cuando el Tribunal Supremo rechazó un recurso dejando firme el 2×1 para el coronel Simón, “en pleno gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”, destacando que no recordaba que hubiera habido reacción alguna del gobierno de entonces. En cambio, realzó la actitud del Gobierno de Cambiemos. Y para los que piden el juicio político ahora, señaló que no lo hicieron en su momento contra los jueces que en 2013 votaron el citado fallo.
“El contexto histórico de hoy no es muy distinto del de 2013”, insistió, destacando que “este nunca más durante la gestión del presidente Mauricio Macri hoy va a ser realidad; lamento que no haya ocurrido lo mismo en 2013”.
La entrerriana Sigrid Kunath dijo haber aprendido a tener una mirada de “profundo respeto” hacia quienes “visibilizan en nuestro país estas luchas permanentemente”, en referencia a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La senadora del PJ-FpV señaló que “también la lucha y visibilización de los derechos humanos y buscar la verdad y justicia tiene que ver con una causa que es de todos, que esta lucha hoy es una causa de todo el país”, reivindicando las manifestaciones vistas estos últimos días y que dijo esperar que se verían en Plaza de Mayo este miércoles. La senadora añadió que “los delitos de lesa humanidad no pueden ser juzgados y mirados como delitos comunes”, y aclaró que “este Congreso debe expedirse al respecto”. Celebró asimismo “la rápida reacción que desde la política y desde este Congreso se ha tenido frente a este tema”.
La senadora Pamela Verasay recordó que la ley en discusión es del entonces senador Augusto Alasino, y la consideró una “pésima ley”. Admitió que hay consenso en que nadie puede estar más de dos años sin ser condenado, pero cuestionó que la respuesta del Estado haya sido entonces un “parche” como la Ley del 2×1. Recordó también lo sucedido en 2013, cuando se benefició a condenados por delitos de lesa humanidad “y nadie se movilizó”, y pidió “avanzar en valorar el acuerdo que ha logrado la Cámara de Diputados para dar un no rotundo”.
“Los invito a muchos de los que apoyaron en su momento aquella ley, hoy estamos a tiempo de repararla”, concluyó.
El senador chaqueño Eduardo Aguilar reivindicó haber logrado juzgar a los militares “sin revancha, con la ley en la mano. Este es un logro de nuestra democracia, que nadie tiene derecho a negar”, enfatizó. Respecto de lo que estaba el Congreso por establecer, dijo que “esto debe ser una base”, en cuanto a acordar que “hay cosas que no se pueden hacer”.
El radical Luis Naidenoff aseguró que en materia de Derechos Humanos, desde 1983, “todo ha sido avances y retrocesos”. Y expresó, a favor de esta ley, que “por respeto” a “nuestra historia” hay que “cerrar los atajos que permiten el alejamiento del sentido de la realidad”.
La senadora María Cristina Fiore Viñuales reflexionó sobre el rol del Congreso frente a esta situación, y se preguntó cómo pudo no haberla previsto. Hizo eje en el fundamento del fallo de mayoría de la Corte, que destaca que el Código Penal dice que siempre se debe aplicar la ley más benigna. Se remontó entonces al origen del problema, la ley del 2×1, pero advirtió que el legislador de aquel entonces no reparó en lo que ahora se ha transformado en un problema porque entonces estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. De todos modos se manifestó sorprendida en el caso de los jueces que votaron el fallo de mayoría por “la falta de lectura de todo el contexto político”.
Por Peronismo Pampeano, la senadora Norma Durango subrayó que es “inadmisible” la aplicación del beneficio del 2×1 para condenados por delitos de lesa humanidad y enfatizó que “la lucha llevada adelante por más de 30 años” en cuestión de derechos humanos “no se lo merece”.
Ruperto Godoy consideró el fallo “injusto, que violenta a la sociedad argentina”, y reivindicó la respuesta de Madres, Abuelas, organismos de DDHH, de constitucionalistas y organizaciones internacionales, que “ponen en evidencia que el Nunca Más, es Nunca Más”. Señaló que “esta construcción es un camino que ha sido duro, pero que ha puesto fin a aquellos que querían instalar por ejemplo las teorías de los dos demonios”. Agregó que es “un mensaje para el Poder Judicial, para los jueces que se desviaron de la doctrina”. Rechazó de paso la “reconciliación” propuesta por la Iglesia Católica. “No va a haber reconciliación si no hay memoria, justicia y verdad”, consideró. Embistió luego contra el Poder Ejecutivo, al que atribuyó haber generado “un clima” propicio que “pone en duda lo que pasó en la Argentina”.
El exgobernador santiagueño Gerardo Zamora consideró “inexplicable” el fallo de la Corte Suprema, reivindicó el Juicio a las Juntas, y el “magistral” alegato del fiscal Julio Strassera que concluyó con el recordado “Nunca Más, algo que no podemos resignar”. Lamentó que “Argentina vuelva a ubicarse del lado negativo en materia de derechos humanos”. En este contexto consideró que el dato “positivo” ha sido la reacción del Parlamento, y consideró que “esta ley es un paso positivo importante”, que posibilitará “que los argentinos podamos vivir en paz”.
Con las palabras de Raúl Alfonsín al presentarse ante la CONADEP y recibir el documento elaborado por ese organismo, arrancó su discurso Magdalena Odarda, quien luego leyó parte del prólogo del Nunca Más. Respecto al fallo, señaló que “es contrario a derecho”, y lo calificó de “abominable”. A su juicio “no corresponde de ninguna manera aplicar el 2×1 a causas de lesa humanidad; esto resulta absolutamente peligroso para la democracia argentina”. Y además, dijo, “la Corte va en contra de su propia jurisprudencia”, en referencia al caso Simón. Al final, reivindicó al doctor Raúl Alfonsín, por haberse animado a poner en el banquillo de los acusados a las Juntas, y también a la CONADEP. Reivindicó también a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, todos los organismos de DDHH, a jueces, y por último mencionó a los desaparecidos de su provincia, entre ellos Rodolfo Walsh.
El senador Daniel Lovera destacó que “a esta sesión especial uno la siente como a favor del reclamo de la memoria, verdad y justicia”, y remarcó que “hoy somos una mayoría de argentinos que estamos dando una respuesta rápida” ante la situación planteada, destacando que hubiera “legisladores de distintos partidos dando una respuesta”. “El reclamo de la memoria, la verdad y la justicia están más presentes que nunca”, dijo, y reivindicó que la política de DDHH “no es patrimonio de ningún sector, sino de todos los argentinos”.
“Es un día de esperanza porque estamos reafirmando el valor sagrado de la vida”, agregó el legislador pampeano. “Los legisladores tenemos la responsabilidad de poner límites claros a esos fallos de los jueces cuando creemos que van en contra de los derechos humanos”, señaló.
Marina Riofrío reivindicó a los jueces de su provincia, San Juan, que decretaron la inconstitucionalidad del fallo de la Corte. Recordó que los represores gozaron de libertad durante muchos años, concluida la dictadura.
Omar Perotti resaltó que “el pueblo argentino adhiere y se expresa en Memoria, Verdad y Justicia” y que “ninguno de nosotros quiere a los genocidas caminando por nuestras provincias”. Mientras que Anabel Fernández Sagasti ponderó la “señal política contundente y rápida que está dando el Congreso”. Dijo que el fallo del máximo tribunal tiene “argumentos bastantes rebuscados” y consideró que el presidente debería “pedirle la renuncia” a Rosatti y Rosenkrantz.
Enfática, la tucumana Silvia Elías de Pérez, cruzó a sus pares de la oposición, frente a las críticas al Gobierno nacional, y disparó: “No imagino a mi presidente poniendo a (César) Milani como jefe del Ejército”. Y sostuvo que Cambiemos “no” sale a “hacer utilización política partidaria de hechos como estos, porque entonces ahí es cuando hablamos de curro de los derechos humanos”.
A su turno, el fueguino Julio Catalán Magni recordó la aprobación de los pliegos por parte del Senado de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, aclarando que entonces “no les dimos un cheque en blanco. Aprobamos los pliegos porque los currículums y el camino que recorrieron los avalaba como más que idóneos para ocupar ese lugar, pero terminaron poniendo a toda la sociedad en alerta con decisiones como estas en temas tan sensibles de nuestra historia”. En ese marco, llamó a la reflexión al Poder Judicial: “Nosotros queremos que los Poderes funcionen con independencia, como debe ser, pero también con responsabilidad y compromiso histórico”, finalizó el senador fueguino.
El senador Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV) destacó la “velocidad” de la sanción de la ley, que permitirá “cerrar definitivamente” la puerta del 2×1 a los genocidas. Destacó el acto que encabezaron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en el Salón Azul, durante el desarrollo de la sesión, y dijo que con “humildad” vinieron “a pedirnos” que el Congreso avance en la norma. El legislador expresó su “preocupación” ante manifestaciones de “negacionismo” que provienen de funcionarios públicos y aseguró que en Argentina hay “dos consensos históricos” que hay que preservar, como lo son “el respeto irrestricto a la democracia y las políticas de derechos humanos”.
En el cierre del debate, el senador Adolfo Rodríguez Saá apuntó contra la jueza Elena Highton de Nolasco, quien votó a favor del polémico fallo de la Corte Suprema, y dijo que “ha cumplido su mandato”. También cuestionó al Gobierno por “no” apelar la decisión del máximo tribunal.
El jefe de la bancada del PJ-FpV, Miguel Ángel Pichetto, dio un discurso durísimo contra la Corte Suprema, la cual afirmó “se ha desvirtuado” a raíz del fallo, que fue “cuestionado a nivel internacional”. También pidió a los jueces que sean capaces de conocer “la realidad” de la sociedad “en la que viven”.
Por último, el jefe del interbloque Cambiemos, Ángel Rozas, rechazó que se buscara asociar al Gobierno con el fallo de la Corte. “Ha habido una manifestación de casi la mayoría del pueblo argentino y de todos los sectores políticos”, señaló el chaqueño, que destacó que ha quedado claro que “la defensa de los derechos humanos es una verdadera política de Estado”.
