La diputada nacional por el FpV-PJ Gabriela Estévez adhirió al proyecto de su par Juan Cabandié que busca promover juicio político a los jueces de la Corte Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz, considerando que “indispensable” tal enjuiciamiento, convencida de que esos magistrados han “incurrido en un mal cumplimiento de funciones que puede poner en riesgo el orden político del país”. Para la legisladora camporista, “es facultad de ambas cámaras determinar cuándo se ha incurrido en mal desempeño de las funciones públicas y para esto no es necesaria la comisión de un crimen; basta que el magistrado incurra en un acto que afecte el buen funcionamiento de la función pública”.

La diputada cordobesa consideró “contradictorios” los votos de Highton de Nolasco y Rosatti. “Por ley, los magistrados deben fallar en consecuencia a la legislación vigente y con una debida fundamentación. En este sentido, una contradicción con respecto a dicha legislación y a fundamentaciones anteriores supone un estado de inseguridad jurídica que resulta inadmisible”, sostuvo.

Sobre el tercer integrante de la Corte que votó a favor del fallo, Rosenkrantz, Estévez sostuvo que “siempre mantuvo una postura crítica con respecto a que la legislación internacional sobre Derechos Humanos se aplique a la local, alegando que ambas tienen diferente ‘estatus’. Este fundamento, además de ir en contra de la máxima legislación nacional que establece que los tratados internacionales suscritos por Argentina adquieren rango constitucional, haría incurrir al país en serias responsabilidades institucionales. Lo que argumenta este Juez implicaría una modificación de nuestra Constitución”.

Con respecto a la magnitud del fallo, la diputada consideró que “nos dejaba muy mal parados a nivel mundial porque iba en contra de la doctrina internacional, la cual establece que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que para estos no caben las reducciones en las penas”.

Además, la legisladora resaltó la importancia de penar las responsabilidades del fallo: “Tenemos que ser capaces de llevar adelante las medidas institucionales que correspondan a los Jueces que aprobaron el fallo, porque declarar la nulidad del mismo no alcanza para impedir la impunidad de este acto de irresponsabilidad por parte de los magistrados. Para que estos Jueces se hagan efectivamente responsables de su decisión, y no vuelvan a tomar decisiones que son contrarias a las legislaciones vigentes en términos de derechos humanos y del derecho internacional, sin dudas hay que promover el juicio político”.