Fiscales expusieron en el Congreso sobre supuestas irregularidades de la gestión de Gils Carbó

Fueron recibidos en la Bicameral de Ministerio Público. La procuradora general estaba convocada para la semana próxima, pero el envío de nuevas preguntas para que responda por escrito postergaría su presentación ante la comisión.

La Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público recibió este jueves a un conjunto de fiscales, quienes expusieron sobre las acusaciones que pesan contra la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, por supuestas irregularidades en designaciones y traslados de fiscales.

Si bien la funcionaria había sido convocada para la semana próxima, su presentación en la comisión se postergaría. Gils Carbó pidió una prórroga de siete días más para poder responder por escrito las preguntas que enviaron los legisladores y que, según se había acordado, deben ser contestadas antes de su visita al Congreso.

La presidenta de la bicameral, la diputada Graciela Camaño (FR), advirtió que las nuevas consultas de los legisladores Mario Negri y Silvia Lospennato generarán un “atraso en el envío de la documentación y en la presentación de la procuradora”, por lo cual no se fijó una nueva fecha para su exposición.

La reunión comenzó con la exposición del fiscal Carlos Rívolo, que ratificó su denuncia sobre la asignación de cuatro fiscales en las localidades de Goya, Tartagal, Santiago del Estero y General Pico, cuando “no existía condición presupuestaria” para, en la práctica, crear los juzgados. En ese sentido, enumeró casos de designaciones de funcionarios a fiscalías sin asientos físicos.

“Los concursos se desarrollaban mediante la ley, pero eran concursos para una jurisdicción que no estaba habilitada”, completó al ser consultado luego por la senadora Laura Rodríguez Machado (Pro).

Sobre el desempeño de la jefa de los fiscales, Rívolo se preguntó: “¿Si la designación de un juez, de un defensor o de un fiscal es un acto complejo constitucional, en el cual interviene el acuerdo del Senado de la Nación, y el Poder Ejecutivo que nos asigna como un acto administrativo, puede pasar por encima de estas cuestiones y designar fiscales, además, en cargos que están inactivos?”.

“Nos consta que hay casi 1.500 personas incorporadas durante esta gestión sin respetar el principio de oportunidad”, remarcó. “Son ustedes los que nos empoderan, son ustedes los que nos dicen donde tenemos que hacer la función”, les manifestó a los legisladores y afirmó que “hay una gran frustración de los que concursan y que definitivamente ven burladas sus expectativas”.

También se refirió al manejo de los recursos humanos y denunció que el personal administrativo de las fiscalías, en varias oportunidades, “entraba antes que se asigne al fiscal”, en “una forma de saltear el proceso de ingreso democrático e igualitaria que nosotros respetamos”.

A su turno, el fiscal Guillermo Marijuan relató su desplazamiento de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES) en 2014, un cargo que ocupaba desde 2002 y en el cual fue reemplazado por fiscales vinculados al kirchnerismo. “No se me expresaron los motivos por los cuales se me desplazaba”, dijo.

“Nosotros no estábamos subrogando a nadie porque en esas fiscalías nunca había habido un fiscal titular”, dijo. Luego hizo alusión a la creación de nuevas unidades fiscales en las que “se pusieron a cargo de personas que iban directamente a una unidad fiscal y no los ponían en las fiscalías por las que el Senado las habían designado”.

Germán Moldes, fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, contó que conoce a la procuradora general y que “siempre nuestra relación se mantuvo dentro de los márgenes de la cordialidad”, pero se explayó sobre los casos de presuntas irregularidades en los que él tuvo que intervenir, como la “maniobra burda” en la que dos secretarios de la Fiscalía Federal N°1 fueron designados como fiscales “ad-hoc”.

Además se refirió a una denuncia realizada en 2015 por la Asociación de Magistrados, en la que se acusó a la jefa de los fiscales por un conjunto de designaciones hechas sin concurso; y a otra denuncia que presentó el exdiputado Mario Cimadevilla, en la que acusó a Gils Carbó por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Moldes dejó a los legisladores un conjunto de dictámenes y resoluciones de la Cámara y, consultado por la diputada Silvia Lospennato (Pro), afirmó que durante la gestión de Gils Carbó “nunca” fue convocado para ser jurado en los concursos.

Raúl Pleé habló sobre la “desaparición” de la Unidad Fiscal para la Investigación de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, de la cual él estaba a cargo, que “fue absorbida por la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), en el momento en que se encontraba investigando la causa Ciccone, por la cual fue elevado a juicio oral el exvicepresidente Amado Boudou.

El fiscal denunció que la Procuración dispuso la creación de “nuevas estructuras”, en contraposición de lo establecido en la ley de Ministerio Público, y alertó que “la creación de cargos de magistrados” debe pasar por el Congreso.

En último lugar, Luis Santiago González Warcalde, quien fue procurador fiscal ante la Corte Suprema desde 1989 hasta 2013, señaló que en el período entre la renuncia de Esteban Righi y la llegada de Gils Carbó, él tuvo “la intención de transparentar el régimen de concursos”, porque ya funcionaban, a su entender, de una forma incorrecta al no contar con representantes de las provincias a las que se iban a designar los fiscales.

“No tengo ninguna animadversión contra Gils Carbó, todo lo contrario”, señaló Warcalde y recordó que “estando en el ejercicio de la Procuración clausuré un sumario que (ella) tenía”, porque “era persecutorio mantener un sumario abierto durante un período tan grande” como el de cinco años.

Durante la reunión, la mayoría de las preguntas a los fiscales fueron realizadas por legisladores del oficialismo, sobre todo por la diputada Silvia Lospennato (Pro) -impulsora del tratamiento del juicio político contra la procuradora-.

El Frente para la Victoria estuvo ausente, aunque el diputado Rodolfo Tailhade, que no integra la comisión, asistió para hacer consultas y cruzó las acusaciones de Rívolo. “Estamos repletos de juzgados no habilitados. No encuentro irregularidad en que se lleve a cabo un concurso para un cubrir un cargo de un juzgado que está creado por ley, pero sin habilitar”, opinó.

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