A menos de 48 horas de su sanción en el Congreso, la norma fue publicada en el Boletín Oficial este viernes. Establece que el beneficio del cómputo de penas de dos años por uno no podrá implementarse para los autores de delitos de lesa humanidad.
El Gobierno promulgó la ley para limitar la aplicación del beneficio del 2×1, en el cómputo de la pena, a autores de delitos de lesa humanidad. A menos de 48 horas de su sanción, la norma fue publicada en el Boletín Oficial este viernes.
Tras la polémica desatada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que favoreció con el dos por uno a Luis Muiña, el Congreso reaccionó de forma rápida para frenar que otros represores y genocidas puedan acceder al beneficio.
Dos jornadas históricas se vivieron esta semana en el Congreso. En primer lugar, el martes la Cámara de Diputados avanzó con un texto consensuado entre el oficialismo y la oposición -que se unieron como pocas veces sucede-, aprobado en una sesión emotiva y presenciada por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La votación resultó con 212 votos votos a favor y sólo uno en contra, del salteño Alfredo Olmedo.
Un día después, el Senado sancionó la norma por unanimidad (56 votos positivos), dando un contundente gesto antes de la masiva movilización que organismos de derechos humanos, organizaciones y el conjunto de la sociedad realizaron en Plaza de Mayo para gritar “Nunca Más”.
“En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley N° 27.362, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación en su sesión del día 10 de mayo de 2017”, señala el Decreto 329/2017 firmado por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
La norma, de carácter interpretativa, modifica el artículo 7 de la Ley 24.390 -hoy derogada- para especificar que el 2×1 “no es aplicable” a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.
Además, establece que el beneficio sólo podrá regir en los casos en los que el condenado hubiese estado privado de su libertad en forma preventiva entre 1994 y 2001, es decir, durante el período de la vigencia de la norma. También, el tercer artículo indica que esa interpretación es la que debe aplicarse a todas las causas en trámite.
El miércoles, durante una conferencia de prensa en Mendoza, el presidente Macri había señalado que “estamos en contra de cualquier herramienta que facilite impunidad”, a la vez que remarcó su posición contraria a la norma en cuestión y también felicitó al Congreso Nacional “por la celeridad con que resolvió el tema del vacío legal que había dejado esa desafortunada ‘Ley del dos por uno”.
