El legislador nacional Raúl Pérsico presentó en el Senado de la Nación un proyecto de ley que tiene por objeto tipificar específicamente una figura de cohecho y tráfico de influencias, en lo referente a la obtención de concesiones de servicios del Estado, y licitaciones públicas.

El senador nacional propone agregar el artículo 256 ter al Código Penal de la Nación pretendiendo castigar, reprimido con reclusión o prisión de cuatro a doce años e inhabilitación especial perpetua, el intercambio de actuaciones de agentes públicos por cualquier tipo de compensaciones para otorgar concesiones de servicios públicos o licitaciones públicas, y que el Estado debe contar con herramientas adecuadas para castigar severamente el mismo, o bien para desalentar su consumación.

Por otro lado, también se introduce el artículo 256 quater al Código Penal de la Nación reprimiendo con reclusión o prisión de cuatro a doce años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública a quien por algún tipo de compensación realice tráfico de influencias. En dicho artículo se pretende castigar más severamente este tipo de delitos, que en sentido estricto consiste en que un sujeto se aprovecha de su relación personal o jerárquica con un funcionario público o autoridad para lograr una resolución que le beneficie directa o indirectamente a él o a un tercero, y en este caso vinculado al fin de obtención de un servicio del Estado, o una licitación pública.

Por último, se propone introducir el artículo 258 ter al Código Penal de la Nación estipulando que será reprimido con prisión de cuatro a ocho años, e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, a quien ofrezca algún tipo de compensación con la finalidad de obtención de un servicio del Estado, o una licitación pública.

Pérsico manifestó al respecto que “el cohecho y el tráfico de influencias ataca sensiblemente el mecanismo de la administración pública, que no solo debe contar con instrumentos transparentes para el otorgamiento de servicios del Estado y licitaciones públicas, sino que el Estado además debe contar con herramientas jurídicas apropiadas que persigan este tipo de delitos y lo castiguen severamente. Este tipo de delitos es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo, y en diferentes contextos, perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico, contribuye para la inestabilidad política, socava el imperio de la ley y deslegitima los poderes públicos”.