A raíz de los casos recientes que fueron de conocimiento público, el senador Braillard Poccard resalta que la Justicia responsabiliza al Parlamento por su morosidad en legislar sobre el tema.
Con motivo de los casos de menores cuya restitución ordenó la Corte Suprema que recientemente tomaron estado público, el senador Pedro Braillard Poccard dirigió una nota a su par Julio Cobos para que en su carácter de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores promueva el tratamiento del proyecto de ley regulatoria del procedimiento previsto en el Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de autoría del primero.
Ocurre que estos lamentables sucesos se producen debido a la prolongada tramitación de los juicios de restitución cuando el plazo fijado por la Convención es de seis semanas.
Consciente de lo dañina que resulta esta situación para los niños involucrados contradiciendo el objetivo del Convenio -en 2014 hubo 170 casos- es que Braillard Poccard presentó el año pasado el proyecto cuyo tratamiento entiende debe darse con la mayor premura a fin de darle al poder judicial medios legales para evitar en lo posible estos dolorosos trances que con justa razón conmueven a la opinión pública del país.
El legislador señala que en el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenando la restitución de los menores en los autos “G.,L. s/ por su hijo G.P.,T. por restitución s/ familia p/ rec.ext. de inconstit. – casación”, entre otros, prácticamente responsabiliza al Congreso de este desgraciado retorno forzoso después de siete años por la morosidad en legislar el procedimiento a fin de compatibilizarlo con los fines de la Convención de la Haya.
El más alto Tribunal de la Nación señaló en su pronunciamiento que “es necesario poner en conocimiento de las autoridades correspondientes que la ausencia de una ley procesal específica en materia de restitución internacional de menores constituye, sin lugar a dudas, un factor decisivo en la prolongación del trámite de este tipo de causas judiciales” y que “entiende imperioso exhortar al Poder Legislativo para que estime la necesidad o conveniencia de hacer uso de sus atribuciones para dictar una ley que se ajuste a la finalidad del CH 1980 y permita cumplir con las obligaciones asumidas por nuestro país al suscribir dicho convenio”.
